Protestan familiares en penal federal de Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – En el Centro de Reinserción Social de Miahuatlán y penal de alta seguridad para criminales de alta peligrosidad, familiares de internos protestaron con pancartas en las puertas de acceso para exigir la renuncia del director del centro de readaptación social.

Los inconformes acusan al funcionario de abuso, y extorsiones, además de malos tratos y de mantener privilegios para algunos grupos criminales dentro de la cárcel federal.

Según la queja de una de las esposas de las personas privadas de su libertad (PPL), para acceder al penal les cobra 300 pesos para ver a sus cónyuges y tener su visita matrimonial y a las concubinas 500 pesos. Y solo tienen el acceso los sábados y domingos.

Otras de las quejas tiene que ver con tocamientos sexuales en contra de las mismas mujeres en el momento de ser revisadas por los miembros de custodia.

Además, reclaman que cuando han presentado su queja ante los organismos de derechos humanos, sus parejas son sujetos de represalias como el hecho de ser torturados e ingresados a celdas de castigo.

En su reclamo advierten que han buscado la intervención de autoridades federales por los excesos cometidos en su contra, pero nadie les hace caso, sus reclamos son desechados al ser calificados de infundados.

Inicia queja en DDHPO de Oaxaca

Sin embargo, ante la protesta, la presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Elizabeth Lara Rodríguez, anunció el inició de un expediente de investigación por los hechos suscitados en el Centro de Reinserción Social de Miahuatlán.

La ombudsman estatal hizo un llamado a las autoridades del penal federal para que mediante la mediación se abra el diálogo de auto-responsabilización, reconciliación y acuerdo que promueva el entendimiento y encuentro entre las personas involucradas y se genere la pacificación de las relaciones y la reducción de la tensión, todo ello en el marco de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Así mismo, la titular de la DDHPO requirió a la autoridad penitenciaria que se implementen las acciones necesarias para que se garanticen los derechos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en particular, el régimen de visitas personales, familiares, íntimas, religiosas, humanitarias y asistenciales.