EE.UU registra como muertos a 6,000 migrantes legales

WASHINGTON (EA) — La administración del expresidente Donald Trump canceló números de Seguro Social a más de 6,000 migrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos, bloqueando su acceso a servicios financieros, derechos civiles y políticos, según reveló The Washington Post.

Además de la cancelación, los registros de estos migrantes fueron ingresados al archivo federal de defunciones, lo que les impide obtener empleo, abrir cuentas bancarias o realizar trámites legales. El objetivo, de acuerdo con fuentes citadas por el medio, sería presionarlos a abandonar voluntariamente el país.

El programa se enfocaría inicialmente en personas con antecedentes penales o presuntos vínculos con el terrorismo, aunque podría ampliarse para incluir a migrantes con delitos menores o incluso sin condenas.

También impacta a beneficiarios de CBP One

Las acciones no solo afectan a quienes ingresaron al país bajo administraciones anteriores, sino también a migrantes amparados por programas del presidente Joe Biden, como el CBP One, utilizado por más de 900,000 personas para solicitar entrada legal a Estados Unidos.

Un funcionario de la Casa Blanca, aludiendo al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), comentó al Post que esta iniciativa es un ejemplo de sus tareas en la reestructuración del sistema de Seguridad Social.

Se alistan demandas legales

Organizaciones de defensa de derechos civiles han comenzado a movilizarse ante la posibilidad de que el programa se amplíe. Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward —grupo que ha impugnado políticas anteriores de Trump—, señaló que presentarán una demanda en cuanto se conozcan más detalles.

“Este presidente continúa participando en un comportamiento ilegal, violando la ley y abusando de nuestros sistemas de contrapesos”, afirmó Perryman.

La base de datos de defunciones utilizada por la administración incluye más de 142 millones de registros desde 1899. El ingreso indebido de nombres vivos a este archivo conlleva severas consecuencias legales y sociales, ya que equivale a una “muerte administrativa”.

Caso de migrante deportado por error agrava tensiones

Mientras tanto, la administración Trump se negó a entregar información solicitada por una jueza federal sobre Kilmar Ábrego, un salvadoreño deportado por error. El gobierno argumentó que el plazo era “impracticable”.

La jueza Paula Xinis exigió un informe diario a partir de hoy sobre el paradero y situación legal de Ábrego, además de programar una nueva audiencia para el 15 de abril. Los abogados del migrante denunciaron un “desdén deliberado” a las órdenes judiciales.

Estudiante de Columbia enfrenta expulsión por “seguridad nacional”

En otro caso relacionado, Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, fue declarado “riesgo para la seguridad nacional” por un juez de inmigración en Luisiana y podría ser expulsado del país.

Sus defensores aseguran que se trató de una audiencia injusta, sin garantías de debido proceso. “Esto no ha terminado, y nuestra lucha continúa”, declaró uno de sus representantes.

Medidas podrían expandirse

Aunque las cancelaciones de números de Seguro Social y las inclusiones en el registro de defunciones han sido justificadas como acciones contra el fraude o amenazas a la seguridad, expertos advierten que la medida podría usarse con fines políticos o como herramienta de presión migratoria.

La incertidumbre crece entre quienes ingresaron a EE. UU. bajo programas temporales o humanitarios, ante el temor de ser incluidos en listas que los marginen del sistema legal.

En resumen: