CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Entre abril y mayo de 2019, al menos 456 personas en México fueron espiadas con el software Pegasus, de acuerdo con documentos judiciales presentados por WhatsApp en su litigio contra la empresa israelí NSO Group. Las cifras colocan a México como el país con más víctimas en ese periodo, por encima de India y Baréin.
La información fue difundida por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y la organización Artículo 19, que señalaron que los ataques ocurrieron durante el primer año del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Ambas organizaciones advierten que el uso del software está vinculado a contratos públicos suscritos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en particular con la empresa Comercializadora Antsua, representante exclusiva de Pegasus en México. El contrato, fechado el 12 de abril de 2019, fue documentado en la investigación “Ejército Espía”, publicada en 2022.
Los ataques representaron el 37% de los casos globales identificados por WhatsApp, lo que apunta a un uso intensivo del programa de vigilancia en territorio mexicano, en un contexto de creciente presupuesto para el sector defensa y sin mecanismos de fiscalización efectivos sobre adquisiciones tecnológicas.
A pesar de las resoluciones del INAI que obligan a Sedena a transparentar sus contratos, la institución ha evitado entregar documentación clave. Tampoco ha reconocido la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), señalado como responsable de las operaciones de espionaje.
Entre las personas afectadas en 2019 se encuentran periodistas, defensores de derechos humanos y activistas que investigaban presuntas violaciones cometidas por las Fuerzas Armadas. Casos confirmados por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, incluyen a Raymundo Ramos y al periodista Ricardo Raphael.
Las organizaciones advirtieron que el alcance del espionaje podría ser mayor, ya que las cifras presentadas corresponden únicamente a dos meses y no abarcan otros posibles periodos de intervención.
Aunque el software Pegasus fue utilizado en sexenios anteriores, R3D y Artículo 19 destacan que bajo la administración de López Obrador persistió su uso sin que hasta ahora exista una sola sentencia por espionaje ilegal, pese a denuncias presentadas ante la Fiscalía especializada.
La falta de consecuencias penales y la opacidad en el uso de recursos públicos destinados a tecnologías de vigilancia generan preocupación sobre la legalidad y el control del gasto en seguridad nacional, subrayaron las organizaciones.