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El pasado 26 de marzo del presente año, el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó por unanimidad una reforma penal que marca un precedente en la protección de los derechos de las mujeres y personas vulnerables: la llamada Ley Valeria.
La ley lleva el nombre de Valeria Macías, una maestra y activista de Monterrey que fue víctima de acecho durante más de ocho años por parte de un exalumno. A pesar de contar con denuncias y evidencia, las autoridades no podían actuar de manera contundente debido a la inexistencia de una figura penal clara.
Esta legislación, impulsada por Valeria Macías, introduce por primera vez el delito de acecho en el Código Penal estatal. Su aprobación no solo responde a una problemática creciente en el país, sino que también sienta las bases para futuras legislaciones similares en otros estados de la República Mexicana.
El acecho es una conducta repetitiva y no deseada que puede incluir vigilancia, persecución física o digital, envío insistente de mensajes, regalos o presencia constante en los espacios de la víctima, generando angustia, miedo e incluso poniendo en riesgo su integridad física y emocional.
Antes de la Ley Valeria, en México no existía una figura jurídica clara para tipificar estas conductas, lo cual dejaba a muchas víctimas en un estado de indefensión. Las autoridades solían considerar estos actos como “faltas administrativas” o “acoso” en términos ambiguos, lo cual impedía que se impusieran sanciones adecuadas.
La aprobación de la Ley Valeria representa un avance en varios sentidos, reconoce que el daño causado por el acecho va más allá de lo físico; tiene consecuencias emocionales, mentales y sociales graves. En múltiples casos, el acecho ha sido antesala de delitos más graves, como agresiones físicas y feminicidios. Por ello, esta ley es también una herramienta preventiva.
Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), el 16% de las mujeres mexicanas ha experimentado alguna forma de acecho, pero pocas lo denuncian debido a la falta de respuestas institucionales.
Sin duda, esta ley abre un nuevo capítulo en la lucha contra la violencia de género en México, donde cada paso legal es también un paso hacia la dignidad, la libertad y la seguridad de las personas.
