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En Oaxaca, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) y la Fiscalía Anticorrupción, iniciaron un proceso de sanción e integraron una carpeta de investigación contra una empresa que incumplió con el contrato que se le asignó el servicio de detección de cáncer de mama en mujeres indígenas, que cometió un quebranto por más de 16 millones de pesos.
De acuerdo con la indagatoria, el pasado mes de enero de 2020, el ex Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), inició el procedimiento de rescisión de contrato celebrado con la empresa
MOVIMEDICAL S. A. DE C.V y se realizó la solicitud ante la Secretaría de Finanzas para hacer efectivas las garantías en contra de la compañía AFIANZADORA SOFIMEX. S.A., con cargo a las pólizas expedidas para avalar la amortización y devolución de la parte del anticipo no devengado y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado del contrato.
De esta acción se dio parte a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) de Oaxaca y a la fiscalía anticorrupción, para iniciar el proceso de sanción.
Además se mandó oficios a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para una revisión al programa y se determinó observaciones por alrededor de 16 millones de pesos.
Respecto del proceso, el titular de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental José Ángel Díaz Navarro, precisó que a esta fecha están corriendo los plazos que la Ley enmarca para el proceso de recuperación de la cantidad de 16 millones 22 mil 664 pesos, que se otorgó a la empresa señalada con anterioridad como anticipo y fianzas, por lo que no se puede hablar de un desfalco a la hacienda pública.
Dijo que la Secretaría de Finanzas, a través de su Dirección de lo Contencioso, es la instancia facultada para hacer efectivas dichas fianzas, en razón de que fueron expedidas a su nombre y a su favor; por lo tanto, se procedió en febrero del 2020, a exigir el pago ante la empresa afianzadora citada, debido al incumplimiento evidente de las obligaciones contraídas por la empresa MOVIMEDICAL S.A. DE C.V.
Dijo que ante los hechos, la afianzadora, con total derecho a las garantías de Ley, como todas las empresas prestadoras de servicios, puede presentar sus recursos; es así que el juicio legal está en proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“El trámite actualmente está en curso, y está abierto el proceso de investigación. Asimismo, una vez que culminen los plazos y procesos que marca la Ley, se emitirá una resolución definitiva”.
Sin embargo dijo el caso ya está también es la esfera jurídica y está en manos de un fiscal de control vincular a proceso la carpeta de investigación contra los responsables para que un juez ordene las órdenes de aprehensión contra los responsables en los manejos indebidos en la empresa, mismos que están prófugos de la justicia y se les busca con apoyo de las policías en las 32 entidades federativas del país.
