Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de familiares de 10 comuneros originarios de la población indígena de Santiago Progreso –quienes se encuentran retenidos desde hace 24 días en la comunidad de San Pedro Ozumacín en la Cuenca del Papaloapan–, acusados de cometer presuntamente la tala ilegal de árboles en una zona de reserva natural, se instalaron en huelga de hambre en la sede de la palacio federal –en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca–, para exigir su inmediata liberación.
Los inconformes reclaman la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales para conciliar la liberación de los campesinos, y amagaron con movilizarse durante la gira que realizará este fin de semana a la entidad el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Una de las víctimas, Yuliana Santiago Pérez, detalló que desde el 2 de septiembre su esposo fue privado de su libertad por los habitantes de San Pedro Ozumacín de manera arbitraria, acusándolo indebidamente de cometer daños ambientales a una zona boscosa.
“Mi esposo y otros habitantes de mi pueblo acudieron a la comunidad de San Pedro Ozumacín por un citatorio que les llegó, donde nunca se les especificó las razones de la audiencia, y después le avisaron que fue encarcelado junto con otras 9 personas más”, denunció.
Dijo que al indagar, tuvo conocimiento de que la detención de su cónyuge y el resto de comuneros, fue porque los implicaron en la tala ilegal de madera; ahora para liberarlos, los pobladores y las autoridades municipales de Ozumacín demandan el pago de una multa de un millón de pesos.
Ante tal situación ha demandado el respaldo de organizaciones de derechos humanos, incluso hasta de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para denunciar el abuso de autoridad cometido.
Además, pobladores de Santiago Progreso denunciaron a Efraín Esteban Hernández, miembro del Frente Popular Revolucionario (FPR), de la retención indebida de los comuneros.
En tanto, el Secretario General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO) Francisco García López, reiteró que se mantiene una mesa de diálogo para lograr la liberación pacífica y conciliada de los comuneros.
Recordó que el conflicto versa de la expulsión de una familia que habitaba en Santiago Progreso en el 2014, quienes fueron despojados de sus viviendas, tierras, ganado y pertenencias –manteniendo hasta la fecha su exigencia de retorno¬–.
Por lo que la asamblea de ejidatarios de San Pedro Ozumacín determinó una multa de un millón de pesos a las 10 personas que presuntamente cometieron estos delitos y a las cuales mantienen privadas de su libertad.
Una vez que las señalan de hacer uso indebido e ilegal de recursos maderables, autogobierno, despojo de parcelas y bienes inmuebles, considerando que no tienen ni el permiso ni la anuencia de la autoridad agraria para realizar dichas acciones.
Mencionó que, para atención de la problemática hay una mesa de atención donde se privilegia el diálogo, el respeto y la concertación para encontrar una solución inmediata a la retención de los ciudadanos.
Precisó que ya se ha acudido a la zona del conflicto en San Pedro Ozumacín, donde se ha exhortado a los ciudadanos a conducirse en apego a los cauces institucionales, el respeto a los derechos humanos y facilitar las tareas de las instituciones de procuración de justicia.