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CIUDAD DE MÉXICO (EA) — Durante 2024 se documentaron 639 agresiones contra periodistas en México, un aumento del 13.9% respecto al año anterior, lo que equivale a una agresión cada 14 horas, incluidos cinco asesinatos, de acuerdo con el informe anual de la organización Artículo 19, presentado este martes.
El informe, titulado Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información, expone una preocupante intensificación de la violencia, la censura y la opacidad institucional en el país, fenómenos que, según la organización, debilitan la democracia al restringir derechos fundamentales.
En la presentación del documento, realizada en el Centro Cultural de España, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, afirmó que “la verdad se ha convertido en una moneda de cambio en el juego del poder” y llamó al próximo gobierno a trabajar con la sociedad civil para revertir los patrones de violencia, impunidad y desinformación.
Uno de los principales hallazgos del informe es que el Estado mexicano se mantiene como el principal agresor contra la prensa, con 287 ataques documentados en 2024, lo que representa el 44.9% del total. Además, las agresiones en línea —incluidos discursos estigmatizantes desde espacios oficiales— representaron una de cada cinco agresiones.
A nivel geográfico, los estados con mayor número de agresiones fueron Ciudad de México (170), Guerrero (51), Veracruz (42), Puebla (33) y Guanajuato (32). El asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, ocurrido en los primeros meses del nuevo gobierno federal, fue destacado como símbolo del peligro persistente para quienes ejercen el periodismo en el país.
El informe también alertó sobre el aumento del acoso judicial como forma de censura, con 21 casos registrados, especialmente durante el periodo electoral. Casi el 30% de estas denuncias estuvieron relacionadas con violencia política de género.
Otro eje del informe se centró en la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), calificada como “un golpe histórico” a la rendición de cuentas. La organización señaló que su eliminación fue impulsada sin diálogo ni claridad, y que la indefinición sobre qué organismos asumirán sus funciones amenaza con generar un caos institucional.
La Plataforma Nacional de Transparencia, que hasta finales de 2024 albergaba más de 14 mil millones de archivos y solicitudes de información, también se encuentra en riesgo, lo que podría obstaculizar aún más el acceso ciudadano a datos públicos.
Artículo 19 advirtió que el avance de la digitalización en la administración pública, si bien necesario, ha sido acompañado por prácticas de vigilancia estatal que vulneran la privacidad de las personas. El uso de tecnologías invasivas, como la recolección de datos biométricos sin regulación y la adquisición opaca de software de vigilancia por parte de instituciones como el Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República, fue citado como ejemplo.
En cuanto a justicia, la organización criticó el escaso desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que solo atrajo 84 casos durante 2024, manteniendo un índice de impunidad de 84.77%. La dependencia opera con apenas 18.6 millones de pesos anuales, menos del 0.1% del presupuesto de la FGR.
La asignación de recursos también fue cuestionada: mientras el gasto federal en justicia y protección a víctimas fue inferior al 1.5% del presupuesto, el Ejército continúa recibiendo crecientes atribuciones y financiamiento, lo que, según Artículo 19, contribuye a la militarización de funciones civiles.
El informe incluye además una crítica al tratamiento oficial de la memoria histórica y los derechos humanos. Pone como ejemplo la disculpa pública ofrecida por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la masacre del 2 de octubre de 1968, que si bien fue un gesto relevante, no reconoce la continuidad de violaciones graves como desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
También señala el desdén del gobierno hacia las víctimas, ilustrado con la minimización del caso de desapariciones en Teuchitlán, Jalisco, y la opacidad en torno al caso Ayotzinapa, cuya documentación clave permanece sin revelarse. La cifra de más de 124 mil personas desaparecidas y 72 mil cuerpos sin identificar, según datos citados por la organización, revela una crisis humanitaria persistente.
Artículo 19 concluyó con un llamado urgente al diálogo y a la construcción de soluciones institucionales junto con colectivos de víctimas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, a fin de garantizar justicia, memoria y no repetición.
El informe subraya que mientras no se atiendan de forma integral las cinco barreras identificadas —violencia, censura, opacidad, vigilancia e impunidad—, México continuará en un escenario de riesgo estructural para la libertad de expresión y el derecho a saber.
