Tuxtepec, Oaxaca.- El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas junto con autoridades municipales y personas originarias, están construyendo el Plan de Justicia que atienda los rezagos que generó el incumplimiento del decreto del 30 de agosto de 1972 por el cual se expropiaron por utilidad pública las tierras del pueblo chinanteco de Ojitlán.
Con ese objetivo se llevó a cabo una mesa de trabajo en Uxpanapa a la que asistieron la titular de Derechos Humanos de esta institución Yaneth Sofía Herrera y los Coordinadores de la Cuenca del Papaloapan Lucina Martínez así como del Uxpanapa Juan Pablo Zamora Bonilla.
Lucina Martínez Régules, Coordinadora del INPI en la región de la Cuenca del Papaloapan manifestó que están en proceso de construir este Plan de Justicia para el cual ya hicieron el diagnóstico de campo para evidenciar que sí existe la problemática, que sí existe el rezago derivado de esta medida administrativa que ejecutó el Poder Ejecutivo.
Apuntó que en el caso del municipio de Ojitlán que se decretó la construcción de la presa “Cerro de Oro” se ordenó la expropiación de los ejidos o terrenos que estaban en posesión de campesinos en un esquema ejidal, se decretó su expropiación por utilidad pública y se generó el compromiso de reubicarlos con mejores condiciones y ese decreto no se cumplió.
Aseguró que en el caso del pueblo chinanteco en el Uxpanapa, el decreto dice que en donde fueren reubicados los chinantecos se les iban a dar todas las condiciones para tener la misma o mejor calidad de vida que tenían en su territorio, sin embargo eso no existe y lo que existe ha sido por la misma gestión de los reubicados.
Abundó que como instrumento se están viendo las necesidades de allá pero en el caso de Oaxaca en Ojitlán y Tuxtepec hay chinantecos que no fueron reubicados allá, por ello se organizaron con las autoridades de Ojitllán para solicitar que en este proceso de revisión de incumplimiento, también se atiendan las cosas que no se cumplieron con estos municipios de donde salió esa población chinanteca que está asentada en el Uxpanapa.
Detalló que ya hicieron el diagnóstico junto con las autoridades, identificaron a la gente que todavía tiene un reclamo en torno a esta promesa de un mejor bienestar a cambio de la expropiación de sus tierras, un trabajo con el que llevan dos años para identificar al sujeto afectado o al titular del derecho que se reclama que tiene nombre y apellido y se eso se ha hecho con las autoridades de Ojitlán, como con organizaciones de Tuxtepec.
Agregó que es algo en lo que todavía no han podido involucrar a la autoridad de Tuxtepec, pero suponen que sí será posible hacerlo.
Asentó que por ello la reunión que sostuvieron esta semana en Uxpanapa ya que la solicitud se hace directamente al Presidente de la República y hay una instrucción a la que fueron convocados como parte de la institución y a la comisión de representantes para estar en la asamblea.
Con este plan se revisa desde el origen de la problemática y en un marco legal ir atendiendo esos rezagos o incumplimientos, problemática que se haya derivado por este compromiso. Mencionó que en derecho indígena esta es una medida que Poder Ejecutivo del Gobierno Mexicano toma y afecta a un pueblo originario y para compensar eso, por decreto señala que expropian las tierras, pero que a los afectados se les reubicaría en otro lugar en donde tendrían mejores condiciones y en este caso, estas condiciones no se dan y de ahí este reclamo histórico que lleva ya 50 años.
Explicó que el Plan de Justicia es un instrumento jurídico que crea esta Administración Federal para atender los rezagos que el Gobierno Mexicano tiene con los pueblos indígenas, o para atender los incumplimientos que por algún decreto en el pasado se comprometió con los pueblos originarios y que, pasó el tiempo y no se cumplieron.
Por último reiteró que como la legislación ha ido cambiando y esas promesas que se dieron como atendidas al final de cuentas no resolvió la problemática de los pueblos, hoy se busca hacerles justicia a través de este plan.