CIUDAD DE MÉXICO (EA) — Los candidatos a la elección judicial de 2025 que reciban apoyo de servidores públicos o utilicen recursos estatales serán automáticamente eliminados del proceso electoral, según declaró Felipe de la Mata, magistrado del TEPJF, en una entrevista reciente.
De la Mata enfatizó que las restricciones para la promoción de la elección judicial son claras y tienen como objetivo garantizar la equidad y la imparcialidad en el proceso. “Los límites son educativos, imparciales y transparentes. Cualquier violación podría tener consecuencias serias”, afirmó.
El magistrado subrayó que las sanciones, similares a las de otros procesos electorales, incluyen la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúe de oficio o por denuncia. Recordó precedentes como el caso de Tabasco en el año 2000, cuando el uso de recursos públicos por parte de autoridades derivó en la nulidad de todo el proceso.
A pesar de las preocupaciones por el involucramiento de servidores públicos, De la Mata señaló que esto no debe generar alarma siempre y cuando se respeten los principios fundamentales de equidad e imparcialidad. La sentencia emitida por el TEPJF entró en vigor de forma inmediata, y las instituciones ya han comenzado la promoción de esta inédita elección.
El magistrado destacó que el Tribunal Electoral estará encargado de calificar los resultados antes del 1 de septiembre, fecha en la que los jueces, magistrados y ministros electos tomarán posesión de sus cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este proceso judicial marca una etapa significativa en el fortalecimiento democrático de México, aseguraron autoridades, y refuerza la necesidad de mantener los principios de equidad y legalidad en elecciones futuras.