Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el marco de la celebración del 10 de mayo, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que tiene documentados 169 expedientes de violencia obstétrica cometida contra mujeres durante el embarazo, parto o postparto, entre enero de 2011 y hasta el 8 de mayo de 2022.
Detalló que uno de los grandes retos que enfrentan los servicios de salud públicos y privados en nuestro país es el de la violencia obstétrica, la cual constituye una discriminación de género y representa una violación de los derechos humanos desde un enfoque de los derechos de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Estas prácticas deshumanizantes constituyen un verdadero problema de Estado y de salud pública que lesionan física o psicológicamente a mujeres embarazadas, en proceso de parto o postparto, razón por la cual, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) llamó a desnormalizar la serie de actos que van desde gritos, discriminación o tratos humillantes, hasta ejercicios médicos que ponen en peligro la vida de las mujeres y de sus hijas e hijos.
Las instituciones de salud públicas y privadas pueden llegar a cometer actos de violencia obstétrica cuando realiza episiotomías sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligan a parir en una determinada posición o proveer una medicación excesiva, innecesaria o iatrogénica que podría generar complicaciones graves de la mujer y su hijo o hija.
Pero también se refiere a prácticas invasivas, como las cesáreas cuando se realizan sin justificación, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso de la atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto.
La violencia obstétrica, además, puede ser psicológica, cuando se comenten actos discriminatorios, así como uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado de las mujeres cuando están embarazadas o bien en labor de parto o postparto.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim) identifica como violencia obstétrica “practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2017 México ocupó el segundo lugar en la tasa de cesáreas, tanto en los países miembros de la OCDE, como a nivel mundial con el 46.8 y 48.7 por ciento, respectivamente.
No obstante, en el marco de la Pandemia por Covid-19, en 2020 nuestro país llegó a un récord de cesáreas, al igualar el número de nacimientos (50 por ciento) con esta práctica, al del parto, de acuerdo con datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) de la Secretaría de Salud.