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En México, el matrimonio infantil es una realidad que debe regularse y detenerse a la brevedad. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), aproximadamente el 15% de las mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años han estado alguna vez casadas. Aunque la cifra varía por estado, el problema es notablemente más grave en las áreas rurales y marginadas.
El Censo de Población y Vivienda 2020 reportó que 2.3% de las adolescentes de 12 a 17 años estaban casadas, un dato que subraya la persistencia de esta práctica a pesar de los esfuerzos legislativos y educativos por eliminarla. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante, donde las niñas y adolescentes se ven atrapadas en matrimonios a temprana edad, lo que impacta su educación, salud y bienestar general.
Oaxaca es uno de los estados que enfrenta desafíos significativos con respecto al matrimonio infantil. Según datos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Secretaría de Salud del Estado, la tasa de matrimonio infantil en Oaxaca es superior al promedio nacional. En 2022, el 18% de las niñas y adolescentes de entre 15 y 17 años estaban casadas o en unión libre, comparado con un 12% en el resto del país.
Las razones detrás de esta alta tasa en Oaxaca son múltiples, ejemplo de ello es la pobreza, las normas culturales tradicionales y la falta de acceso a educación de calidad. En muchas comunidades rurales, el matrimonio infantil es visto como una forma de garantizar seguridad económica y social para las niñas. Además, las limitaciones en la educación y el acceso a servicios de salud y derechos reproductivos agravan la situación, dejando a las jóvenes sin alternativas viables para cambiar su destino.
El matrimonio infantil tiene consecuencias devastadoras para las niñas. Según un informe de la organización Save the Children, las niñas que se casan antes de los 18 años tienen menos probabilidades de completar su educación y están más propensas a enfrentar problemas de salud, violencia doméstica y dificultades económicas. El embarazo en la adolescencia es una de las consecuencias más graves, con altos índices de mortalidad materna y complicaciones de salud tanto para las madres jóvenes como para sus hijos.
En Oaxaca, el impacto se ve reflejado en las estadísticas de deserción escolar y salud reproductiva. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 25% de las adolescentes que contraen matrimonio antes de los 18 años dejan de asistir a la escuela, lo que limita sus oportunidades laborales y perpetúa el ciclo de pobreza.
A pesar de los desafíos, se han tomado medidas para combatir el matrimonio infantil en México. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el matrimonio infantil está prohibido en todo el país, y se han implementado campañas para sensibilizar a la población sobre las consecuencias negativas de esta práctica. En 2017, Oaxaca aprobó una reforma que alineó su legislación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, estableciendo la prohibición del matrimonio infantil. Sin embargo, la implementación efectiva y la sensibilización en las comunidades siguen siendo desafíos clave.
El matrimonio infantil en Oaxaca y México es un problema complejo que requiere un enfoque multifacético para su erradicación, la verdadera erradicación de esta práctica requiere no solo la existencia de leyes adecuadas, sino también una implementación efectiva, un cambio cultural y una mayor educación en las comunidades afectadas.
