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En México, el acceso a la justicia es un derecho fundamental, sin embargo, la realidad muestra un panorama complejo y desigual, especialmente en el caso de las mujeres. El sistema judicial mexicano enfrenta numerosos desafíos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a aquellas en situación de vulnerabilidad, por ello, es vital que cualquier reforma antes que nada tenga perspectiva de género y antes que fines políticos.
Una de las principales barreras que enfrentan las mujeres en México es la violencia de género, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente el 66% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Este contexto de violencia afecta significativamente su capacidad para acceder a la justicia. Muchas mujeres no denuncian los delitos de los que son víctimas debido al miedo a represalias, la falta de confianza en el sistema judicial y la estigmatización social.
Además, de acuerdo al informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) de 2023 revela que más del 90% de los casos de feminicidio quedan impunes. Esta situación desanima a las mujeres a buscar justicia, al percibir que el sistema no responde adecuadamente a sus denuncias.
Las barreras económicas también juegan un papel crucial. Las mujeres que enfrentan violencia de género a menudo dependen económicamente de sus agresores, lo que limita su capacidad para pagar asesoría legal y otras formas de apoyo. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2021, el 52% de las mujeres que sufren violencia no tienen los recursos necesarios para recurrir a la justicia.
México ha implementado varias reformas en los últimos años con el objetivo de mejorar el acceso de las mujeres a la justicia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2007, es uno de los esfuerzos legislativos más significativos. Esta ley establece mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Sin embargo, a pesar de su existencia, su aplicación efectiva sigue siendo un desafío. Según el Informe de Evaluación del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación (2022), la falta de recursos y la capacitación inadecuada de las autoridades siguen limitando el impacto de esta ley.
Otra reforma importante fue la creación del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres en 2015. Este sistema busca coordinar las acciones entre diferentes niveles de gobierno y fortalecer las instituciones responsables de la atención a las mujeres. Sin embargo, la implementación desigual en las diversas regiones del país y la falta de mecanismos de supervisión han reducido su efectividad.
Las medidas especiales como las alertas de violencia de género y los refugios para mujeres víctimas de violencia también han sido parte de las estrategias del gobierno. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se ha emitido en varios estados, pero su aplicación ha sido criticada por su lentitud y por la falta de seguimiento. Según la Red Nacional de Refugios (RNR), en 2023 había solo 89 refugios en todo el país, insuficientes para atender la creciente demanda.
A pesar de las reformas y las políticas implementadas, la realidad para muchas mujeres en México sigue siendo difícil. La persistencia de la impunidad y la falta de recursos adecuados para las víctimas afectan directamente su capacidad para obtener justicia. Un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) revela que el 40% de las mujeres que han buscado justicia por violencia de género se enfrentan a procesos judiciales largos y complicados, lo que puede resultar en desánimo y abandono de sus casos.
El acceso a la justicia también está influenciado por factores culturales y sociales. En muchas comunidades, las normas patriarcales y los estereotipos de género limitan la capacidad de las mujeres para buscar justicia y recibir apoyo adecuado. Las campañas de sensibilización y educación son esenciales, pero la implementación de estas estrategias varía ampliamente a nivel local.
El acceso de las mujeres a la justicia en México es un tema que refleja las profundidades de las desigualdades sociales y económicas presentes en el país. Es imperativo que se continúen desarrollando reformas integrales y que se asegure una implementación efectiva de las políticas existentes. Solo a través de un compromiso sostenido y una acción coordinada se podrá garantizar que todas las mujeres en México tengan acceso equitativo a la justicia.
