Puerto Escondido, Oaxaca. – Reduciendo las mesas receptoras que en la elección pasada fue de 529 a 194, así como el número de funcionarios a tres, presidente, secretario y escrutador por un ajuste presupuestal, el Distrito 9 del Instituto Nacional Electoral (INE) con sede en esta ciudad, prepara la Consulta Popular que plantea la posibilidad de formalizar un proceso de esclarecimiento sobre las decisiones políticas tomadas en el pasado por mandatarios mexicanos.
A cargo de este distrito costeño, el consejero presidente Fortino Pérez Vendrell, señaló que se instalarán 23 mesas receptoras en San Pedro Mixtepec, mientras que en Puerto Escondido instalarán siete y que los sufragios se depositaran en dos urnas, pues cada una puede recibir un máximo de 750 papeletas; se tiene contemplado que cada mesa receptora disponga de dos mil.
Las siete mesas receptoras en Puerto Escondido se ubicarán en el Sector 2000; Sector Reforma; Colonia San Miguel; Escuela Secundaria Técnica 86; en el parque del Sector Reforma B, 2 casillas y en la Casa de Cultura de Puerto Escondido del Fraccionamiento Agua Marina.
Comentó que la lista nominal de este distrito es de 289 mil 810 electores y se garantiza una papeleta por cada ciudadano inscrito.
El funcionario agregó que en este ejercicio democrático no habrá representantes de partidos políticos ni consejeros electorales, pero sí habrá observadores electorales y que se tenían registrados 22 hasta antes de finalizar un curso de preparación, por lo que esta cifra podría aumentar, indicó.
Respecto al protocolo sanitario, Pérez Vendrell detalló que el escrutador verificará que se porte mascarilla y aplicará gel a los asistentes, luego el presidente de mesa sin tocar la credencial cotejará el nombre en la lista nominal, entregará papeleta y marcará credencial, así como el pulgar derecho del ciudadano para que proceda a sufragar.
Así este próximo domingo 1 de agosto los votantes escogerán una de las dos opciones para la pregunta: “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.