En ausencia de información sobre los candidatos y candidatas, los atributos y comportamiento de los partidos políticos, sobre el desempeño previo de quienes buscan, por ejemplo su reelección, los electores no pueden ejercer cabalmente su derecho a un voto libre e informado, señaló la asociación civil Transparencia Mexicana.
Destacó que si la información es la materia prima de la democracia, debemos asegurarnos de que exista, sea confiable, accesible y culturalmente pertinente para los electores.
En el marco de la discusión sobre una Política Nacional de Datos Abiertos, planteó la necesidad de ajustar el modelo de información pública disponible para los electores en México.
Datos de soporte a partir de la observación electoral 2021 de la asociación civil arroja que en 25 estados del país, la información sobre las personas que buscan un cargo de elección popular se encuentra disponible en formato PDF pero no en uno que permita procesar estadísticamente y de manera sencilla, amplios volúmenes de información. Ello dificulta su análisis o utilización con fines de comparabilidad entre candidatos.
Añade que solo para 7 elecciones estatales y para la elección federal está disponible una plataforma para consultar los currículums de quienes se presentan como candidatos y candidatas. Solo en el caso de los perfiles curriculares para diputaciones federales, entregadas por los candidatos y publicados por el INE, es posible descargar la base de datos completa.
Destaca que en seis estados del país (Baja California, Campeche, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y Tlaxcala) la información sobre las personas que buscan un cargo de elección popular está incompleta. En Nayarit la plataforma parece poner a disposición de la ciudadanía las listas de candidaturas en datos abiertos; sin embargo, cuando se analiza la base de datos, sólo es posible consultar algunos de los nombres de personas que compiten por la gubernatura. En Yucatán, aunque a primera vista parece que publican la totalidad de la información, cuando los electores se acercan al contenido de sus bases de datos, se percata de que la información de candidaturas a diputaciones por representación popular es prácticamente inexistente.
Agrega que la observación electoral realizada por Transparencia Mexicana identificó que si bien en las convocatorias emitidas por los institutos electorales locales se retomó el Acuerdo del Consejo General del INE respecto a solicitar la firma de la declaratoria de #3de3 contra la violencia de género como requisito para ser candidato o candidata, los electoras no pueden consultar qué personas candidatas ya la firmaron. Es decir, los institutos electorales y partidos políticos tienen una pieza de información fundamental para el electorado pero está reservada a las autoridades electorales, a pesar de haber sido impulsada con esfuerzo de la ciudadanía y colectivas feministas organizadas.
Manifiesta que sobresale también el caso de Chihuahua donde las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal se requieren por ley y se solicitan en la convocatoria emitida por su instituto electoral, pero no están abiertas a la ciudadanía.
Transparencia Mexicana insistió en que la Política Nacional de Datos Abiertos debe considerar expresamente la materia electoral. Para ello, activará un grupo de trabajo para que a partir del lunes 14 de junio proponga directrices y elementos para una nueva arquitectura de información electoral que considere datos abiertos para los electores.