El presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Bernardo Rodríguez Alamilla, anunció la integración de una queja y recomendación para atender el caso del ataque contra una joven trans cometido por la policía municipal y el ayuntamiento en San Juan Colorado.
El ombudsman afirmó que la actuación contra los responsables se ejercita junto con Comisión Nacional Contra la Discriminación (CONAPRED) y la Fiscalía General de Justicia (FGJO).
En la denuncia, el ombudsman condenó los hechos y afirmó que se actuará con firmeza por la agresión cometida por la policía municipal de San Juan Colorado, que insultó, rapó a una joven trans y la hizo ponerse ropa de otro género.
Afirmó que este tipo de actuaciones que atentan en contra de toda la comunidad LGBTTTIQ+ por parte de los servidores públicos no se puede tolerar, por ello tendrán castigo y sanción por parte de las instituciones de justicia.
El titular de DDHPO detalló que, recibió la solicitud de intervención luego que una mujer transexual se encontrara detenida durante seis días en la cárcel de dicha comunidad de la región de la Costa, además de haber sido obligada a cortarse el cabello y vestirse como hombre.
Por tanto, el organismo autónomo informó que inició una investigación respecto a los actos discriminatorios y transfóbicos que pudiesen haberse configurado, y a través del expediente DDHPO/1016/(11)/OAX/2022 pidió a las autoridades de San Juan Colorado un informe de los hechos, además de brindar acompañamiento a la persona agraviada.
El defensor explicó que la transfobia, implica acciones discriminatorias como el acoso, malos tratos, detenciones arbitrarias, hasta la comisión de delitos entre los que se encuentran la tortura y los crímenes de odio.
Precisó que entre 2015 y hasta el 26 de abril la DDHPO ha iniciado 34 indagatorias por diversos actos de discriminación hacia personas de la comunidad LGBTTTIQ+.
Mencionó que las autoridades más señaladas ante la Defensoría se encuentran los municipios, por ello señaló que resulta urgente la implementación de políticas públicas y acciones tendientes a que las autoridades incorporen en su actuación la perspectiva de derechos humanos, apegados a los Principios de Yogyakarta, los cuales se ocupan de una amplia gama de normas de derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación sexual y la identidad de género, así como el respeto a las personas de la diversidad sexual, como medida para erradicar los actos discriminatorios y los abusos de autoridad.
Dejo claro que la discriminación y la transfobia vulneran e impiden que las personas trans y de la diversidad sexual puedan tener un acceso sustantivo y efectivo a sus derechos humanos, pues las barreras sociales y culturales discriminatorias que enfrentan producen desigualdad, lo que provoca su marginación y rezago.
Por ello, insistió en la urgencia de construir una sociedad tolerante en la que se acepte la diversidad y se reconozcan los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género, una sociedad en la que las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ puedan vivir en condiciones de igualdad y sin discriminación.