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- Los conflictos religiosos no son un asunto menor, ya que el Estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en intolerancia religiosa, señaló la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez.
- Para lograr la paz duradera, a través del respeto a las diversas creencias, no basta crear nuevas leyes, urge convocar a un Pacto Social por la Tolerancia Religiosa entre las diversas Iglesias.
Mágica y hechicera, Oaxaca, estado y capital, es tierra de eterna contradicción. Cohabitan en permanente conflicto riqueza y miseria; sabiduría, inteligencia e ignorancia. Vida y muerte.
Fiel reflejo de esta cruel, irónica y descarnada realidad son los frecuentes choques en los municipios regidos por el sistema normativo interno y el derecho positivo vigente en México.
Junto con los conflictos agrarios una reiterada guerra santa, fratricida, amarga y dolorosa, se da en Oaxaca en materia de intolerancia religiosa entre católicos y otras denominaciones cristianas.
Los conflictos religiosos se concentran en las comunidades indígenas de la región de la Costa, Sierra Norte y Sur, Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan, Valles Centrales y la Cañada.
Protestantes, evangélicos y Testigos de Jehová, son expulsados de sus pueblos, encarcelados, pagan fuertes multas, queman sus viviendas y roban sus animales domésticos y otros bienes.
El saldo de la violencia por intolerancia religiosa es sumamente alto. Los funcionarios federales miran para otro lado y las Fiscalías y el Poder Judicial de los estados no da curso a las denuncias.
Frente a esta realidad cobra gran trascendencia que el Congreso del Estado y la Ombudsperson aborden la violación del derecho constitucional a la libertad religiosa de quienes no son católicos.
Los conflictos religiosos no son un asunto menor, ya que el Estado de Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en intolerancia religiosa, señaló la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez.
Visibilizar el problema es fundamental para su pronta atención y erradicación, afirmó en el Primer Foro de Desplazamiento Forzado por Intolerancia Religiosa en Oaxaca la Ombudsperson.
El foro busca generar propuestas que ayuden a visibilizar este problema en el Estado, y con ello sentar las bases para implementar políticas públicas que puedan erradicar este flagelo en Oaxaca.
“Armonizar la convivencia pacífica en la que se respeten los derechos humanos de todas y todos y dar paso a la tolerancia religiosa hacia personas que profesan una fe distinta a la de la mayoría”.
Las conclusiones serán iniciativa de ley o política pública que brinde protección y garantía a todas las personas que profesen una religión distinta a la católica por respeto a sus derechos humanos.
Para lograr la paz duradera, a través del respeto a las diversas creencias, no basta crear nuevas leyes, urge convocar a un Pacto Social por la Tolerancia Religiosa entre las diversas Iglesias.
El Director en México de Christian Solidarity Worldwide, Pablo Vargas, habló de “Los desafíos de la libertad religiosa en Oaxaca en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
Porfirio Flores Zúñiga, Defensor de Derechos Humanos, expuso el tema “Discriminación, persecución y rechazo basados en las creencias religiosas en las comunidades de Oaxaca”.
Kathleen Mcltyre, Profesora Asociada de Estudios de Género y Mujeres de la Universidad de Rhode Island, habló de “El papel y los riesgos de las y los defensores de derechos humanos religiosos”.
Durante el segundo día de la jornada del foro, el Director General de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, Cristian Badillo Gutiérrez, dictó la conferencia “Libertad Religiosa”.
El foro fue organizado por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la LXV Legislatura del Congreso del Estado.
Participaron el Diputado Sergio López Sánchez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y Edwin Martínez Espíndola, Director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno.
Juan Antonio Hernández, Vicepresidente de la Confraternidad de Pastores Cristianos; Gloria Cruz, representante de la Magistrada Berenice Ramírez, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
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