La situación de las mujeres privadas de su libertad ha sido históricamente marginada dentro de los estudios sobre el sistema penitenciario. A menudo, el foco se ha puesto en los hombres, quienes representan la mayor parte de la población carcelaria. Sin embargo, las mujeres que enfrentan una condena en prisión atraviesan una serie de problemas específicos que requieren una atención particular.
La realidad es que las cárceles de mujeres no solo reflejan las desigualdades de género en la sociedad, sino que también evidencian las fallas de un sistema de justicia penal que no toma en cuenta las necesidades particulares de este grupo.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2018 destaca que las mujeres privadas de libertad sufren condiciones de hacinamiento y una falta de acceso adecuado a la atención médica, especialmente en lo que respecta a salud reproductiva.
De acuerdo con el informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU de 2021, las mujeres tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual en prisión que los hombres. Esta violencia, sumada al trauma psicológico, afecta de manera desproporcionada la salud mental de las mujeres, quienes, además, a menudo carecen de apoyo psicológico adecuado.
Según un informe de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) de 2019, el 60% de las mujeres encarceladas en el mundo son madres de menores de edad. El encarcelamiento de estas mujeres significa, con frecuencia, la separación forzosa de sus hijos, quienes en muchos casos terminan en situación de vulnerabilidad y pobreza. Además, la falta de programas que favorezcan la permanencia de los niños junto a sus madres en prisión, o el contacto regular con ellas, puede generar un daño irreversible en el desarrollo emocional de los niños.
Las mujeres que han cumplido una condena enfrentan una estigmatización social aún mayor que los hombres al salir de prisión. Datos de un estudio de la Universidad de Harvard de 2020, menciona que las mujeres exreclusas tienen menos posibilidades de acceder a programas de reintegración laboral y social en comparación con los hombres, lo que perpetúa los ciclos de pobreza y criminalidad.
Las mujeres que enfrentan una condena en prisión son víctimas de una serie de desafíos interrelacionados que requieren una respuesta integral y centrada en sus necesidades específicas.
La sobrepoblación carcelaria, la violencia sexual, la falta de acceso a servicios de salud adecuados y la separación de sus hijos son solo algunos de los problemas que deben ser abordados de manera urgente. Asimismo, se hace necesario un cambio en la forma en que la sociedad y el sistema judicial abordan el encarcelamiento femenino, prestando especial atención a las circunstancias particulares que enfrentan las mujeres privadas de libertad. Solo así será posible avanzar hacia un sistema penitenciario más justo y humano para todas las personas, sin distinción de género.
