Salina Cruz, Oaxaca. – El fiscal General del Estado, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, reconoció la ausencia de justicia en los casos de violencia y homicidios perpetrados contra integrantes de la comunidad LGBTTTI en el Istmo de Tehuantepec.
Al sostener una reunión con activistas de diversos municipios de la región, Peimbert Calvo, propuso colaborar en la construcción de un nuevo modelo de gestión y acceso a la justicia, a través de un protocolo de actuación eficiente con una perspectiva socio cultural y contextual de esta región.
“Estamos proponiendo que este nuevo modelo de justicia tenga un carácter normativo que no quede a criterio personal de los operadores del sistema de justicia, sino a una aplicación estricta de un protocolo; nos parece que eso será un gran avance”, expuso.
Como primer paso, iniciarán con un balance y análisis de una treintena de casos sobre violencia en contra de este sector.
Además, trasladarán la preocupación y análisis de riesgo de esta comunidad a las mesas nacional, estatal y regional de seguridad pública.
Al encuentro asistieron Amaranta Gómez, líder muxe del proyecto Transformándome; Beatriz Ramos, representante de Mexfam; Felina Santiago y Enrique Godinez, dirigentes de las Intrépidas Buscadoras del Peligro; y Yoselín García, dirigente del grupo Las Otras hijas de San Vicente; entre otras activistas de otros municipios.
Amaranta Gómez, a nombre de las demás activistas, informó que lo que detonó la preocupación de la comunidad, fue el crimen ocurrido el pasado 27 de agosto en Salina Cruz, con la muerte de Edgardo L. S. conocido como “Marimar”.
En este sentido, la comunidad le propuso al fiscal la creación de una Fiscalía especializada para atender los casos de violencia contra la comunidad de la diversidad sexual, con el propósito de que el Congreso del Estado le asigne un presupuesto digno para poder investigar los delitos de los que son víctimas.
Destacó como positivo el que se establezca un vínculo de formación y capacitación al personal de la fiscalía y a los miembros de esta comunidad para poder seguir un protocolo de actuación.
Por esta razón, la propia fiscalía deberá llevar a cabo un estudio sociológico sobre cómo impacta la violencia y cuáles son las características, para que actúen al momento de que ocurra un crimen.