Artículo 19 exigió a las autoridades gubernamentales garantizar la protección de la prensa luego de las agresiones registradas durante la cobertura de los enfrentamientos armados en Culiacán, Sinaloa. El operativo que llevaron a cabo las Fuerzas Armadas y que derivó en la recaptura de Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y cabecilla del Cártel de Sinaloa, significó un riesgo para la integridad de reporteros y comunicadores.
La detención del Ratón, uno de los principales generadores de violencia en México de acuerdo con el gobierno, desencadenó una serie de hechos violentos por parte de civiles armados presuntamente vinculado al grupo criminal que presidía el capo. Entre estos, incluido el robo de alrededor de 250 vehículos privados y la quema de 51 de ellos para obstruir los accesos carreteros de la ciudad a las autoridades.
Si bien las afectaciones fueron para toda la población en general, el gremio periodístico se vio particularmente vulnerado debido a la naturaleza de sus labores. A través de redes sociales, diversos comunicadores reportaron ataques en su contra mientras cubrían los múltiples eventos que acontecieron, principalmente en la capital Culiacán y en la ciudad costera de Mazatlán.
Según información recopilada por la organización, se documentaron agresiones con al menos 4 autos de prensa robados como resultado. Además, se tiene confirmado que uno de estos fue incendiado. También se registró el hurto de dos computadores, dos celulares y audífonos, todos propiedad de los reporteros.
Lo más grave, indica Artículo 19, fueron las amenazas recibidas con el uso de armas de fuego: “Algunos periodistas tuvieron que refugiarse en hoteles y otros lugares ante la falta de seguridad. (…) Los hechos suscitados muestran que no hay garantías para un ejercicio periodístico seguro y libre. Es imperante que las autoridades de los tres niveles de gobierno se coordinen para iniciar acciones que prevengan la violencia”.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, poca más de un día después de haber llevado el operativo, el saldo mortal fue de 29 personas fallecidas (10 militares y 19 presuntos criminales), pero ninguna de ella población civil inocente, incluidos los miembros de la prensa. Los hechos violentos, sin embargo, causaron terror a los habitantes de Sinaloa con los diversos periodistas en la primera línea al borde de los enfrentamientos.
“Esta no es la primera vez que hechos de este tipo ocurren en Sinaloa. En octubre de 2019, se suscitaron hechos similares en la entidad, donde la capital del estado se paralizó y hubo balaceras, ataques y amenazas. Ambos hechos reflejan la grave crisis de seguridad y de derechos humanos que atraviesa el país”, añadió el organismo.
En este sentido, hicieron una llamado, específicamente relacionado con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de la Secretaría de Gobernación a implementar de forma inmediata un programa de prevención de riesgo para los periodistas en zonas de conflicto, como la capital sinaloense, en coordinación con las autoridades estatales y federales.
Por su parte, la mañana del 06 de enero el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dedicó algunas palabras de agradecimiento y “reconoció la valentía” de la prensa que cubrió los múltiples eventos en la demarcación.
“Agradecerles el trabajo periodístico que se hizo durante todo el día de ayer, fue muy importante la comunicación que estuvieron haciendo para efectos de prevenir cualquier hecho o estar de manera más segura en nuestras casas, en un lugar seguro. Reconocerles la valentía de las compañeros y compañeros que estuvieron en campo haciendo sus reportajes.
Por Agencias.