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- Fraude electoral que seguramente será declarado constitucional y legalmente válido por las autoridades electorales correspondientes en sus respectivos ámbitos de competencia, adelantó.
*“Pero esta será la verdad jurídica, propongo a ustedes buscar la verdad histórica”, subrayó el profesor e investigador universitario doctorado en Derecho en México, de origen oaxaqueño.
El Dr. Eduardo de Jesús Castellanos, dedicado al estudio y la enseñanza de los procesos electorales durante los últimos treinta años, dijo que el pasado 2 de junio de 2024 hubo un fraude electoral.
Fue cometido conjuntamente por los poderes ejecutivos, federal y locales de nuestro país, y sus respectivas mayorías legislativas, precisó el doctor en Estudios Políticos por la Universidad de París,
De manera destacada, resaltó, participó el partido político hegemónico gobernante, Morena; las autoridades del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales.
Fraude electoral que seguramente será declarado constitucional y legalmente válido por las autoridades electorales correspondientes en sus respectivos ámbitos de competencia, adelantó.
“Pero esta será la verdad jurídica, propongo a ustedes buscar la verdad histórica”, subrayó el profesor e investigador universitario doctorado en Derecho en México, de origen oaxaqueño.
El Dr. Castellanos presentó la Ponencia Resultados de las Elecciones. Análisis e Implicaciones, en el foro organizado por la asociación profesional nacional Politólogos y Administradores Públicos, A. C.
Acudió en ejercicio de su libertad de cátedra y de investigación y declaró que no milita en partido político alguno, pero sus proposiciones se inscriben en valores y principios de la democracia liberal.
El fraude electoral operó con el uso ilegal, abusivo y extraordinario de recursos y personal del gobierno, federal y locales, surgidos de Morena, en apoyo a los candidatos de dicho partido y de la coalición partidista que integró con partidos satélite.
En su hipótesis central destacó el investigador la manipulación de los resultados electorales, federales y locales, por parte del personal del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos electorales locales.
Lo permitió la renovación gradual de los integrantes de los órganos superiores de dirección de dichos organismos, cuyo sometimiento y subordinación a las respectivas mayorías legislativas que los nombraron garantiza su obediencia.
Un intento, al parecer exitoso, de legitimación de los resultados electorales mediante la intervención de funcionarios del Ejecutivo federal que no tienen facultades expresas en materia electoral para calificar elecciones y realizar dichas declaraciones y pronunciamientos.
La evidente debilidad de los partidos opositores por falta de recursos económicos y organizacionales para una eficaz defensa jurídica de los resultados electorales que obtuvieron en las mesas directivas de casilla y los consejos distritales federales y locales.
Debilidad hábilmente aprovechada por el partido hegemónico para consumar el fraude en las mesas directivas de casilla -alrededor de 170 mil- y en los cómputos distritales -300 consejos distritales federales y por lo menos 600 locales-.
Los resultados electorales computados en las mesas directivas de casilla no coinciden con los resultados de los respectivos programas de resultados electorales preliminares exhibidos esa noche por las diferentes autoridades electorales.
La misma noche del 2 de junio y en los días subsecuentes empezaron a circular en redes sociales comparativos de resultados e, incluso, de discrepancias con el nivel de población existente en los distritos electorales.
Se afirmó en la prensa nacional que había veinte mil casillas “zapato”, es decir, 20 mil casillas en las cuales los candidatos opositores no habían obtenido ni un solo voto; se trata de más del diez por ciento de las casillas instaladas. Corresponde probar esa afirmación a los partidos denunciantes.
El presidencialismo populista autoritario vigente se ha caracterizado por su desprecio al Estado democrático de derecho; se atreve incluso a proponer la elección popular directa de ministros, magistrados, jueces y consejeros electorales, federales y locales.
En este sentido, el Dr. Castellanos denuncia en un evidente intento de golpe de Estado para acabar con la división de poderes y los controles constitucionales de los poderes públicos en México.
El Servicio Profesional Electoral Nacional como garante de la autenticidad de los resultados electorales es una fantasía frente al presidencialismo populista autoritario sustentado en un partido hegemónico, que designa a través de las cámaras legislativas a las autoridades electorales.
El primer elemento contundente para probar la hipótesis central propuesta -entendida como búsqueda de la verdad histórica- será la propia declaratoria de validez de la elección presidencial y de las demás elecciones, que realicen las autoridades competentes del TEPJF.
En estas estarán las pruebas -y la valoración de las pruebas- ofrecidas por los partidos políticos opositores, y sus candidatos que hayan hecho valer medios de impugnación.
Esta y las demás declaratorias de validez, debidamente confrontadas con los medios de prueba que se puedan reunir para probar la hipótesis central, nos podrán mostrar el nivel de autonomía e independencia, o bien el nivel de sumisión y abyección, de que son capaces dichas autoridades.
Admite que su opinión e hipótesis en el sentido de que el 2 de junio hubo un fraude monumental e increíble “es difícil de probar por la conjura de silencio que se teje en torno a ese tipo de asuntos”. Pero estima que existen suficientes indicios que arrojan una gran cantidad de pistas a seguir.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
