Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – En Oaxaca colectivos feministas marcharon y protestaron para exigir que en el Código Penal se penalice la violencia vicaria, porque muchos violentadores de mujeres siguen gozando de impunidad.
Las mujeres advierten que Oaxaca ya es parte de los 17 estados en el país en reconocer como delito la violencia vicaria, luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en marzo pasado con 30 votos una reforma al artículo séptimo de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia de Género, pero falta incluir el delito en el Código penal para definir el castigo y se pueda ir por la vía judicial a la caza de los transgresores.
Iliana Acevedo Brena, – una de las víctimas emblemáticas de violencia vicaria-, aceptó que ha vivido en los últimos mil 800 días un calvario, por que ha sufrido de la violencia vicaria en carne propia, ya que su ex pareja, que es un directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex), le arrebató a su hija Valentina por la fuerza y no le ha permitido volver a verla, tan solo porque en el divorcio le solicitó la pensión alimenticia.
Sostiene que ha hecho valer varios juicios de acusación en los tribunales, pero no le dan la razón, la revictimiza y solo los jueces a resultó para proteger a su violentador.
En Oaxaca de acuerdo a la última modificación al artículo 7 de la ley estatal de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género se establece que la violencia vicaria es toda acción y omisión cometida por una persona, por sí o a través de terceros contra una mujer con quien tiene o mantuvo un vínculo matrimonial o una relación de concubinato, noviazgo o de tipo sentimental, se ejerce a través de los hijos producto de la relación o cualquier persona significativa para ella, con el objeto de causarle daño psicológico patrimonial, moral o de cualquier otro tipo.
De acuerdo a los posicionamientos de los legisladores, el 94 por ciento de quienes ejercen violencia vicaria en Oaxaca en contra de las mujeres, cuenta con recursos que le permiten favorecerse en los procesos legales en perjuicio de las víctimas.
Se advierte que 9 de cada 10 agresores cuentan con forma de bloquear los procesos legales de las víctimas, entre ellos el 18 por ciento cuenta con cargos públicos, 58 por ciento con tráfico de influencias o llamadas redes del poder, un 67 por ciento realizan estrategias de alargamiento procesal y un 81 por ciento utiliza recursos económicos.
La ley modificada plantea además esquemas de protección para las mujeres para no tolerar este tipo de violencia que en casos extremos es imposible la reparación del daño.
Sin embargo, falta penalizar el delito para que los responsables de ejercer la violencia vicaria puede ser sujetos a proceso penales.