Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – En Oaxaca ya se logró disolver legal y jurídicamente los 12 mil 811 matrimonios infantiles forzados que había registrados en la ley; en el Registro Civil, con lo que la entidad deja de ocupar el primer lugar descendiendo al sitio 9 en el país, aceptó la titular del Sistema Local Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna), Alma Bautista Ramos.
Dijo que derivado de la restricción y reformas que se ha logrado, se ha quitado la figura y se está actuando para desalentar todas las uniones matrimoniales forzadas donde hay involucrados menores de edad.
“Hasta 2020 había solo estos 12 mil matrimonios infantiles, donde la mayoría actualmente ya hizo causa el divorcio y a partir de ahí ya no hay ninguno más registrado en la ley, porque se prohibió su práctica”, confió.
La funcionaria estatal afirmó que también se aplica un protocolo para identificar las uniones matrimoniales donde se incluya a un niño, niña o un adolescente y que se realiza de forma clandestina, para lo cual ya hay una propuesta de ley en el Congreso Local para aplicar sanciones penales contra los promoventes de estos casos.
Precisó que, en estos casos, la mayor parte de las víctimas son mujeres, niñas y los agresores son adultos que les rebasan la edad, hasta por 10 y hasta 20 años”.
“Se ha trabajado en diversas mesas de análisis para identificar las causas que siguen generando este tipo de uniones y revertirlas mediante la actuación de un sistema municipal de protección de las niñas, niños y adolescentes”.
Otra línea de acción que se está buscando desalentar es el embarazo adolescente, donde se ha identificado que muchas familias obligan a las parejas jóvenes a contraer nupcias forzadas como consecuencia de la responsabilidad de enfrentar un embarazo a corta edad.
“Si bien es cierto ya no existen registrados los matrimonios infantiles, si existen uniones tempranas o uniones que están en la ilegalidad, ya no llegan al filtro de estar legalizadas, pero se pasaron a la ilegalidad”.
Por ello anunció que para combatir actos ilegales como las uniones tempranas y forzadas de niñas y adolescentes, propondrá una reforma legislativa para tipificar este ilícito como delito grave, donde se buscará imponer prisión de 4 a 10 años de prisión sin derecho a fianza a quien obligue a contraer matrimonio con una persona, ya sea de forma gratuita o a cambio del pago de dinero en especie entregado a sus padres, tutor o familia.
