Revocan prisión domiciliaria a Mario Marín por caso Lydia Cacho

CIUDAD DE MÉXICO (EA) — La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer miércoles que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue reingresado a prisión luego de que un tribunal federal revocara la medida de prisión domiciliaria que le había sido otorgada en agosto de 2024.

Marín, quien gobernó Puebla de 2005 a 2011, enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho en 2005.

Tribunal revoca beneficio y ordena su reingreso a prisión

El Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, determinó que la resolución que permitía la prisión domiciliaria carecía de una fundamentación adecuada y no consideraba los riesgos procesales, incluyendo el peligro de fuga y la gravedad del delito imputado.

En cumplimiento de esta resolución, agentes de la Guardia Nacional ejecutaron la orden de reingreso y trasladaron a Marín al Centro Federal de Reinserción Social No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), adscrita a la FGR, había impugnado la prisión domiciliaria, argumentando que no se ajustaba a derecho y que se trataba de un caso emblemático de abuso de poder contra la prensa.

El caso Lydia Cacho y el papel de Marín

Lydia Cacho, periodista y activista, fue detenida en diciembre de 2005 por policías que la trasladaron de Cancún a Puebla sin orden judicial. Su detención se dio luego de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el que Cacho denunció una red de explotación infantil presuntamente protegida por empresarios y políticos, incluido el empresario textil José Kamel Nacif.

En 2006, grabaciones filtradas revelaron una conversación entre Nacif y Marín, en la que el entonces gobernador se refería a su intervención en la detención de Cacho como un “favor” para proteger al empresario.

El caso ha sido considerado un ejemplo de cómo el aparato estatal se utilizó para reprimir la libertad de prensa en México.

Implicaciones del fallo judicial

La FGR subrayó la relevancia del caso a nivel nacional, destacando que no solo se trata de un delito de tortura, sino de una agresión contra una periodista en el ejercicio de su libertad de expresión.

Organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas han seguido de cerca el proceso contra Marín, exigiendo que se haga justicia en un país donde los crímenes contra comunicadores suelen quedar impunes.

Con su reingreso a prisión, Marín continuará su proceso bajo medidas más estrictas, mientras la justicia mexicana avanza en uno de los casos más emblemáticos de agresiones a la prensa en el país.