Prohíbe INE —a gobiernos, partidos e iglesias— promover elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO (EA) — El Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a cualquier institución pública, funcionario, legisladores, o ministros de culto promover la participación ciudadana en la elección del Poder Judicial, cuya campaña inició ayer. La medida, aprobada por el Consejo General del INE con 8 votos a favor y 3 en contra, busca garantizar imparcialidad en el proceso.

De conformidad con el acuerdo INE/CG334/2025, emitido por el Consejo General del INE, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación y funcionarios federales deberán cancelar toda difusión que explique el diseño de las boletas electorales, el método de votación o que llame a participar en los comicios. La propuesta, impulsada por el consejero Arturo Castillo, establece que solo el INE podrá asumir esa tarea, utilizando los 24 minutos diarios de tiempos de Estado en radio y televisión que los tres Poderes de la Unión pueden ceder.

El consejero Castillo justificó la prohibición citando la reforma que ordenó la elección judicial, la cual prohíbe el uso de recursos públicos para promoción o propaganda, conforme al artículo 134 de la Constitución. “El INE debe promover el proceso de manera imparcial, sin inclinarse a favor o en contra de lo decidido por el legislador”, afirmó la consejera Claudia Zavala.

Sin embargo, la decisión generó división. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, junto a los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño, votaron en contra, argumentando que las autoridades deberían participar en la promoción. Algunos consejeros también criticaron que el proyecto original, titulado “Criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral”, fue modificado para incluir esta restricción.

Campaña inicia con restricciones

Ayer domingo 30 de marzo, arrancó la campaña de 3,422 candidatos que competirán por 881 cargos del Poder Judicial en un proceso inédito de 60 días. A diferencia de las elecciones políticas tradicionales, marcadas por el despliegue de partidos, esta contienda estará limitada a redes sociales personales, volanteo y pequeños encuentros ciudadanos.

Analistas consultados por el diario Reforma advierten sobre inequidad y exceso de restricciones. “No se están dando condiciones para un auténtico ejercicio democrático”, señaló Arturo Espinosa Silis, experto electoral. Los candidatos no podrán recibir recursos públicos ni privados, dependiendo únicamente de sus ahorros. “Esto favorece a quienes tienen mayor capacidad económica, distorsionando la igualdad”, alertó la magistrada de la Sala Superior del TEPJF Janine Otálora.

Especialistas no descartan que algunos aspirantes busquen “padrinos” para financiar sus campañas, lo que podría comprometer la transparencia del proceso.

Implicaciones del acuerdo INE/CG334/2025

La prohibición del INE responde a la necesidad de evitar que el gobierno influya en un proceso que debe ser neutral. Los spots y mensajes difundidos hasta ahora por autoridades federales, según Zavala, combinaban información con posturas a favor de la reforma judicial, algo que el INE no puede avalar.

Con este marco, el organismo electoral asume el control exclusivo de la promoción, enfrentando el reto de informar a la ciudadanía sobre un proceso histórico sin precedentes en México. La campaña, que culminará en mayo, definirá el rumbo de la primera elección directa de integrantes del Poder Judicial en el país.