Oaxaca: Crean defensoría especial para periodistas en riesgo

OAXACA, Oaxaca (EA) — De acuerdo con el Mecanismo de Protección federal y la organización Artículo 19, la entidad registra un alto número de casos de agresiones y solicitudes de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en México. Ante ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) anunció la creación de una dirección especializada para atender a este sector.

El estado ocupa el segundo lugar nacional en número de personas bajo protección activa del mecanismo federal, con 189 casos, solo detrás de la Ciudad de México, que registra 221. En los últimos 13 años, se han presentado más de 100 solicitudes en Oaxaca, ubicándola como el tercer estado más peligroso para el ejercicio del periodismo y el activismo.

Las agresiones se concentraron principalmente entre 2018 y 2022, periodo en que se reportaron desapariciones de defensoras como Claudia Uruchurtu, Irma Galindo y, recientemente, la periodista Sandra Domínguez.

La nueva Dirección de Defensoría Especializada atenderá exclusivamente a periodistas y activistas en riesgo. Su titular, José Reyes Cárdenas García, encabezará un equipo que incluye a dos defensores adjuntos, una médica y una psicóloga. El equipo trabajará con un protocolo específico para responder ante agresiones, que contempla enfoque de género, confidencialidad y medidas cautelares urgentes.

Durante la presentación oficial se entregaron tarjetas con líneas de emergencia y rutas de atención, además de establecer un convenio con el Comité de Radios Comunitarias y Afromexicanas de Oaxaca para facilitar la difusión de derechos humanos en zonas indígenas y afromexicanas.

 

Melquiades Rosas Blanco, representante del Comité, señaló que la comunicación comunitaria sigue siendo una labor de alto riesgo: “Muchos han sido desaparecidos o encarcelados solo por ejercer su derecho a informar”.

La DDHPO informó que con esta nueva área se busca dar respuesta más rápida y especializada a las agresiones, así como fortalecer la coordinación institucional con organismos estatales y federales encargados de la protección de estos sectores.