Este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que la Interpol emitió una ficha roja en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, acusado de estar involucrado en un presunto desfalco millonario que supera los 3 mil 412 millones de pesos.
“La Fiscalía General de la República ha dejado clara su situación jurídica: en este momento es un prófugo de la justicia por los delitos que se le imputan”, declaró Ramírez Bedolla al informar sobre el caso.
Aureoles es señalado como parte de una red de corrupción que favoreció a la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V. mediante la adjudicación directa de contratos para la compra de propiedades con sobreprecio, supuestamente destinadas a cuarteles policiales en diversos municipios del estado.
El gobernador también informó que cuatro exfuncionarios estatales ya han sido detenidos por su implicación en este esquema de corrupción y confirmó que la ficha roja de Interpol también fue girada contra otros involucrados.
Uno de los detenidos, Carlos “N”, exsecretario de Finanzas, recientemente obtuvo un amparo. Sin embargo, Ramírez Bedolla desestimó su impacto en el proceso legal, afirmando que solo le permite comunicarse con sus abogados y calificándolo como un “amparo patito” sin efecto real en la investigación.
Junto a Carlos “N”, otros exfuncionarios arrestados incluyen a Antonio “N”, exsecretario de Seguridad Pública, y Elizabeth “N” y Mario “N”, exdelegados administrativos de la SSP.
Las irregularidades en el caso apuntan a la compra de siete propiedades en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro, donde los cuarteles policiacos fueron construidos en terrenos cuya propiedad nunca fue acreditada por la inmobiliaria beneficiada. Además, se firmaron contratos de mantenimiento sin pruebas de que los servicios se hayan realizado.
La FGR ha imputado delitos como peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, lo que llevó a la emisión de órdenes de aprehensión contra varios exservidores públicos implicados en la red de desvío de recursos.
Mientras Aureoles Conejo sigue sin aparecer, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el destino de los millonarios fondos públicos presuntamente malversados.