Inician campañas a elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO (EA)— Las campañas para el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025 comenzaron ayer domingo, con 3,422 candidatos compitiendo por 881 cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces. El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó el periodo de campañas del 30 de marzo al 28 de mayo, con veda electoral del 29 al 31 de mayo, previo a la jornada del 1 de junio.

En esta elección inédita, se elegirán nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, dos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de salas regionales del TEPJF, 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito. El proceso, ordenado por reforma constitucional, tendrá campañas de 60 días sin precampaña, según el artículo 96 de la Constitución.

El INE prohibió a gobiernos federal, estatales y municipales, así como a funcionarios públicos, promover la participación ciudadana. Esto obliga a la Presidencia y otras dependencias a suspender mensajes sobre boletas, votación o llamados a participar. Solo el INE podrá usar los 24 minutos diarios de tiempos de Estado en radio y TV cedidos por los tres Poderes para difusión imparcial.

Límites estrictos en campañas

Los candidatos enfrentan topes de gasto diferenciados: 1.46 millones de pesos para la SCJN, Tribunal de Disciplina y Sala Superior del TEPJF; 881,304 pesos para magistrados de salas regionales; 413,111 pesos para magistrados de circuito; y 220,326 pesos para jueces. Solo podrán usar ahorros personales, ya que está prohibido aceptar recursos públicos o privados.

La propaganda, regulada por el artículo 508 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, debe ser impresa en papel reciclable y biodegradable, sin materiales tóxicos, y retirarse tres días antes de la elección. Actividades como volanteo, uso de redes sociales personales y pequeños encuentros ciudadanos serán las principales formas de proselitismo.

Entre las restricciones, los candidatos no pueden usar espectaculares, bardas, eventos masivos, ni contratar espacios en medios de comunicación o pagar difusión en redes sociales. También está prohibida la propaganda calumniosa, que vulnere a la niñez o se realice en el extranjero. Encuestas y sondeos no podrán difundirse durante la veda ni el día de la elección.

INE asume control exclusivo

La prohibición a gobiernos y funcionarios, basada en el artículo 134 constitucional, busca evitar el uso de recursos públicos en promoción. “El INE será la única autoridad para difundir el proceso, sin intervención de servidores públicos no candidatos ni instituciones”, señala el acuerdo aprobado. La reforma judicial refuerza esta medida al vetar explícitamente la propaganda con fondos públicos.

Iglesias y ministros de culto también tienen prohibido intervenir. El INE podrá firmar convenios con otras autoridades para ampliar la promoción, pero bajo su dirección exclusiva.

Retos del proceso

Con 3,422 aspirantes, la elección del 1 de junio marcará un hito en la democratización del Poder Judicial. Sin embargo, las restricciones financieras y de difusión plantean desafíos para una competencia equitativa, en un proceso que dependerá en gran medida de la creatividad y recursos propios de los candidatos.