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Ciudad de México (23 de febrero de 2021). La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de fraude fiscal, uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, informó el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de las Cámara de Diputados Federal (JUCOPO).
La solicitud fue interpuesta por Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, entre otros funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
“Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, apuntó el legislador morenista a través de su cuenta de Twitter.
De acuerdo con un oficio enviado por la Secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, la solicitud será ratificada el próximo 25 de febrero a las 12:00 horas.
Fuentes cercanas al caso indicaron que, en meses pasados, particulares presentaron una denuncia contra el Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.
Consecuentemente, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.
La compañía habría recibido los recursos a su vez de la firma RC, cuyos socios han sido declarados sospechosos de incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita en los Estados Unidos, por lo que, presuntamente, se configurarían los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.
El procedimiento
De conformidad con el artículo 111 de la Constitución prevé que la solicitud pase al Congreso de Tamaulipas –de mayoría panista– una vez aprobado el desafuero en la Soberanía federal, por tratarse de un Gobernador, que no puede ser destituido directamente por el Congreso federal.
El diverso numeral 152 de la Constitución del Estado de Tamaulipas, dispone, por su parte, que, tratándose del Gobernador, para proceder penalmente en su contra se le tiene que destituir por medio de un juicio político.
Así, el Congreso local, previa declaración de dos terceras partes de los diputados, tendría que acusarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, que erigido en jurado de sentencia solo podría aprobar la destitución por mayoría de dos terceras partes de los magistrados.
En esa tesitura, solo después de superados todos dicho trámites, la FGR podría judicializar la carpeta de investigación contra del gobernador Tamaulipeco, en tanto siga en funciones.
