Ex titular SAPAO sigue sin justificar 31 millones de pesos

OAXACA, México (EA) — Reynaldo Hernández Cuevas, extitular de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (SAPAO), no ha podido justificar 31 millones 482 mil 739 pesos, según la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASFE). La auditoría de cumplimiento, financiera y de desempeño identificó 22 resultados en la auditoría financiera, 5 en la de cumplimiento y 4 en la de desempeño.

En total, se formularon 21 observaciones, de las cuales solo tres fueron atendidas. Dieciocho observaciones quedaron sin respuesta por parte de SAPAO, lo que resultó en la emisión de 8 pliegos de observaciones, 5 solicitudes de aclaración y 5 recomendaciones.

Los pliegos de observaciones emitidos incluyen los siguientes montos:
• PO-01: $6,668,053.31
• PO-02: $4,472.00
• PO-03: $299,486.45
• PO-04: $975,461.94
• PO-05: $213,355.35
• PO-06: $577,071.00
• PO-07: $18,734,201.22
• PO-08: $4,010,638.00

La auditoría, correspondiente al sexenio anterior, encontró que SAPAO no cumplió con las normas aplicables en el ejercicio del gasto público. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la falta de dictamen y autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca, la ausencia de documentación comprobatoria en contrataciones de obra pública y adquisiciones con proveedores no inscritos en el padrón oficial.
Asimismo, se observaron discrepancias entre el registro contable del gasto y los pagos efectivamente realizados. Además, 10 obras contratadas por adjudicación directa superaron el monto máximo establecido por la ley, y en dos obras inspeccionadas se determinaron pagos en exceso.

La ASFE advirtió que las observaciones no reunieron las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia para justificar lo observado, por lo que se consideraron como no atendidas.

Ante estos hallazgos, la auditoría fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción para que se analicen las responsabilidades penales de los funcionarios involucrados en la administración de recursos públicos de manera contraria a la ley.