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Las arbitrariedades de Carmelo Cruz al frente de la alcaldía de Santa María Colotepec parecen estar tocando extremos peligrosos, lo mismo presiona a los gobiernos estatal y federal para que se acomoden a sus designios, como a empresarios asentados en su demarcación para que “le entren con su parte”.
No obstante que, su gobierno, según datos de la Secretaria de Finanzas Estatal, recibe 9 millones 140 mil 173 pesos anuales con cargo al ramo 33 fondo III, el munícipe permite -por lo menos así se aprecia- que su regidor de Hacienda Jaciel Escamilla exija a los empresarios contribuciones que quebrantan el principio de legalidad tributaria, previsto por la fracción IV del artículo 35 de la Constitución Federal.
Fuentes consultadas que hablaron a condición de anonimato, revelaron que para la realización de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza en la colonia Lázaro Cárdenas, en Santa María Colotepec, el funcionario municipal les exigió la entrega de material de construcción para -según- “ampliar su programa de pavimentación municipal”.
Para nadie es un secreto que el progreso material se construye con el esfuerzo de los contribuyentes; al final, todos estamos conscientes que los impuestos son el precio que debemos pagar por la civilización.
Que el alcalde de Colotepec auspicie esta mala práctica trastoca la honorabilidad de su ayuntamiento porque disemina en la conciencia popular la noción de que la autoridad no controla correctamente la ejecución de la obra pública en su demarcación.
Por si fuera poco, hace presumir la comisión de actos que pueden significar la infracción por inobservancia del articulo 55 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, sujetos de esa norma por disposición de su diverso numeral 2.
Solicitar la “donación” de materiales -voluntariamente a fuerzas- a los emprendedores aledaños a las obras de infraestructura, perturba la vocación productiva del territorio en tiempos en que es apremiante la generación de empleos y la derrama económica.
La hostilidad no incentiva el comercio, por el contario ahuyenta las inversiones, restringe la confianza de los empresarios, y ninguna autoridad puede sola con la economía sin el conceso del sector privado.
Además, es competencia exclusiva de la Tesorería la recaudación y administración de todos los ingresos municipales, cualquiera que sea su forma o su naturaleza, aun cuando se destinen a un fin específico, tal como lo señala el artículo 5 de la Ley de Ingresos del Municipio de Santa María Colotepec, aprobada mediante el decreto 1050, de fecha 23 de diciembre de 2019, expedido por la LXIV Legislatura del Congreso Local, de la que este medio tiene un copia.
Nadie ve con malos ojos el esfuerzo de las autoridades por modernizar sus calles y avenidas, mucho menos por convocar la participación de los ciudadanos en el ímpetu transformador, lo que está en tela de duda es el método, porque además de opaco es profundamente ilegal.
Un gramo de trasparencia le evitaría muchos dolores de cabeza al presidente municipal de Santa María Colotepec y a sus funcionarios públicos municipales, porque la meridiana claridad en las acciones de gobierno es capaz de traducirse en respaldo ciudadano y la opacidad, por el contrario, solo genera el desprecio popular por muy buenas que parezcan las intenciones.
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