Destituyen a Isabel Allende por intento de venta al Estado

SANTIAGO, Chile (EA) — El Tribunal Constitucional de Chile resolvió el jueves destituir a la senadora Isabel Allende Bussi, histórica militante socialista e hija del expresidente Salvador Allende, por haber intentado vender al Estado la casa de su padre para convertirla en museo, pese a estar impedida legalmente por su cargo público.

La decisión fue adoptada por amplia mayoría y surtirá efecto una vez se notifique formalmente a la legisladora, según reportaron medios locales con acceso al fallo. Con ello concluye una trayectoria parlamentaria de más de 30 años de Allende, figura emblemática de la política chilena y del Partido Socialista (PS).

En un comunicado, la senadora señaló que acata el fallo, pero defendió su integridad: “La memoria del Presidente Allende permanecerá intacta. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de Chile y el mundo”, expresó. Añadió que “jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”.

La destitución deriva de un recurso presentado por diputados del Partido Republicano y de la coalición de derecha Chile Vamos (Renovación Nacional y la UDI), quienes argumentaron que Allende infringió la Constitución al intentar celebrar contratos con el Estado, lo que está prohibido para parlamentarios.

“Los parlamentarios no pueden contratar con el Estado, y una persona que ha ocupado cargos por más de 30 años no podía desconocer esa causal de destitución”, dijo Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, al valorar el fallo.

La controversia comenzó a finales de 2024, cuando el Gobierno de Gabriel Boric anunció la compra de la residencia de Salvador Allende por 933 millones de pesos chilenos (cerca de un millón de dólares), con el propósito de convertirla en museo. La operación involucraba a Isabel Allende y a Maya Fernández, nieta del expresidente y entonces ministra de Defensa, también impedidas por ley para realizar ese tipo de transacciones.

La medida generó críticas de la oposición, que cuestionó la legalidad de la compra y acusó un posible fraude al fisco. En respuesta, el Presidente Boric declaró de forma voluntaria ante el Ministerio Público en calidad de imputado, figura equivalente a investigado en otras jurisdicciones, debido a una querella presentada por un particular en su contra.

Aunque la Constitución chilena exime al jefe de Estado de ser citado como testigo o imputado, Boric optó por presentarse personalmente, en un gesto que fue interpretado como voluntad de transparencia. Sin embargo, la acción no evitó el impacto político.

Además de la compra de la casa de los Allende, el Ejecutivo también había anunciado la adquisición de la residencia del expresidente Patricio Aylwin (1990–1994), con la misma finalidad de transformarla en museo. Esa propuesta también fue blanco de críticas y finalmente descartada.

A raíz de la polémica, el Gobierno cesó en marzo a la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y aceptó la renuncia de Maya Fernández, quien enfrentó una Acusación Constitucional promovida por la derecha, aunque esta fue desestimada por el Congreso.

La resolución del Tribunal Constitucional sienta un precedente sobre los límites legales de los funcionarios públicos respecto al uso de su investidura. También ha reavivado el debate sobre el vínculo entre la memoria histórica y las instituciones del Estado.

Isabel Allende, quien fue la primera mujer en presidir el Senado de Chile, había sido elegida en múltiples períodos legislativos desde el retorno a la democracia. Su salida marca el fin de una era para una de las familias más influyentes de la política chilena del siglo XX y XXI.