Contralorías autónomas del agua de 19 regiones del país informaron la conformación del Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, con el objetivo de exigir la aprobación de una Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, equidad, participación y los derechos humanos como mandata la Constitución.
En un comunicado, se detalló que esta iniciativa surgió como una respuesta a la crisis del agua que afecta a todo el país y busca establecer un contrapeso contra la corrupción y los intereses privados que históricamente han ejercido control sobre este recurso vital.
“Después de 12 años de haber elaborado la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, y después del incumplimiento por parte de cuatro Legislaturas con el mandato Constitucional de reemplazar la actual Ley de Aguas Nacionales, la crisis del agua azota a todo el país. No podemos seguir permitiendo una política permisiva de la sobreexplotación, contaminación y acaparamiento del agua”, se expuso.
Estas 19 contralorías conformadas por comunidades, pueblos originarios, organizaciones sociales, ambientales, investigadores e ingenieros propusieron 12 puntos entre los que se encuentran: el reemplazar la Ley General de Aguas Nacionales, con una ley centrada en la sustentabilidad, equidad y participación desde una perspectiva de derechos; lograr el reconocimiento de los derechos del agua; poner fin a la contaminación del recurso; eliminar fugas en ciudades y cambiar el modelo de la gestión para promover la regeneración de aguas pluviales y tratadas; poner fin al sobre concesionamiento de los ríos y acuíferos.
También, el Grupo busca impulsar la gestión integral de cuencas, acuíferos, bosques y ecosistemas fuentes de agua; garantizar un uso eficiente de agua para temas alimenticios; garantizar el derecho a la consulta para las decisiones que afecten los derechos de agua; promover la desprivatización del recurso hídrico; prohibir acciones como la minería tóxica, el fracking y megaproyectos; poner un alto a la corrupción e impunidad, y garantizar la seguridad y acceso a la justicia de las personas que defienden este recurso.
Por Agencias.