Confesiones; entrevista con Eliza Zepeda Lagunas

Esta tarde conversé con la diputada Eliza Zepeda Lagunas sobre la apremiante reforma integral al capítulo III —del Título Sexto del Libro Primero del Código Civil de Oaxaca— del registro de deudores alimentarios morosos.

Reconoció que al decreto 1468 expedido por la LXIII Legislatura el 15 de abril de 2018, por el que se adicionó esta porción normativa, no se le colocaron dientes para asegurar su rigurosa implementación.

Cómo en política el pecado de la ingenuidad cuesta caro, a la fecha se tiene un listado ineficaz e invisible, que para colmo “solamente tiene a 9 personas deudoras registradas de las cuales no se conocen más datos”.

De ahí que, el incumplimiento de los sujetos obligados a subvenir los alimentos se haya vuelto una constante en la vida de mujeres, niñas y niños, que tienen que enfrentar el lóbrego desamparo.

La morenista me dijo que esta iniciativa —que busca salir airosa donde Eva Diego Cruz y sus colegisladores fracasaron estrepitosamente— tiene como propósito establecer los mecanismos para que el Registro Civil pueda exhibir el listado con los nombres de los morosos.

Que tenga la facultad para “entregar un informe al Instituto de la Función Registral sobre dicha morosidad”, además de poder dar vista a la Fiscalía General por la probable comisión de un delito que atenta contra la obligación alimentaria.

Lagunas Zepeda insistió en que, pese a la reforma al Código Penal de 2020, por la que se incrementaron las penas por incumplir con esta obligación, hasta el momento no ha habido siquiera una persona sancionada.

Confió en que, con estas modificaciones se puedan lograr casos concretos de sanciones severas contra los infractores, y que se hagan responsables de esta situación que desabriga a los menores.

Aseveró que, tienen contemplado incluir dentro de esta medida, que se pueda boletinar a los morosos ante el Buró de Crédito, para que esta circunstancia forme parte de la valoración al momento de solicitar préstamos bancarios, hipotecarios o para la obtención de tarjetas de crédito o algún otro financiamiento que pretendan los deudores, para que no puedan acceder a ellos.

No advierto que en este intento la legisladora se quiera quedar en la barandilla, pues me aseguró que la iniciativa prevé que se celebren convenios con las instituciones públicas y los municipios, para que los proveedores de servicios demuestren que no están inscritos en el registro de deudores alimentarios morosos previo a ser contratados.

Sin rodeos, deslizó la versión de acuerdo con la cual “muchas de las personas deudoras resulta que están a cargo de empresas constructoras que prestan sus servicios en municipios, y que muchos tienen hijos e hijas en el desamparo”.

Por ello me aseguró que están previendo, incluir en la modificación legislativa el que se pueda proporcionar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que sean analizados por su naturaleza, de forma individual y de conformidad con el marco legal.

Apuntó que esta iniciativa tiene como finalidad colocar más supuestos y sanciones contra los deudores alimentarios morosos, para que el temor a ser exhibidos sirva como acicate para que cumplan prontamente con su responsabilidad.

En cuanto a los plazos —porque a la burocracia le encanta el tortuguismo— la asambleísta me anticipó que no tendrá que pasar más de un mes para que se de vista a las autoridades y se proceda a la inscripción en dicho registro de los padres desobligados, en el que además del listado deberán constar otros datos, tales como CURP, domicilio y las deudas que tengan rezagadas en cuanto a alimentación.

A la sazón de este endurecimiento, le pregunté a la diputada si habría sanciones para los servidores públicos que no implementen las medidas necesarias para tener a punto este registro; me aseguró que sí, que, si algún funcionario incurre en omisión o protege a algún deudor, también será colocado en el listado de los morosos.

Confirmó que la reforma contempla reducir de 24 a tan solo un mes el plazo para computar el incumplimiento pago de la pensión, y que aprobarse será tan fácil como que la mujer presente la queja y el juez o la jueza de lo familiar pueda ordenar la inscripción de algún deudor moroso.

Solo falta saber si a esta Legislatura le alcanzará el tiempo para aprobar la iniciativa. Elisa Zepeda me aseveró que sí, que la gran ventaja es que todos sus compañeros están accionando con una gran sensibilidad para poder tener el dictamen en un corto tiempo y se pueda conseguir la tan ansiada modificación legislativa.

Ojalá y no se interponga la sucia política, aquella que suele sobresalir por la mezquindad de sus actores. Que no haya quien les regatee el esfuerzo y su lucha a las organizaciones o colectivos de la sociedad civil, que han enfrentado este viacrucis desde 2018, cuando los diputados locales lo intentaron por primea vez y fallaron.