El Senado de la República encendió las alertas en torno a la elección judicial al detectar que al menos 20 personas aspirantes a ocupar cargos como jueces o magistrados tienen antecedentes preocupantes por presuntos vínculos con el narcotráfico. El senador Gerardo Fernández Noroña afirmó que estos perfiles, actualmente en campaña, habrían favorecido sistemáticamente a miembros del crimen organizado a través de resoluciones judiciales o como defensores legales.
En conferencia de prensa, Fernández Noroña cuestionó la postura del Instituto Nacional Electoral (INE), que sostiene que las candidaturas sólo pueden revisarse una vez concluida la elección. En contraste, el legislador del PT aseguró que es urgente actuar antes de que se lleve a cabo la votación, con el fin de evitar que personas no aptas lleguen al poder judicial.
“Si ya tenemos identificados a quienes no deben estar, no hay razón para esperar. No es un tema de capricho, sino de principios. No podemos permitir que alguien que sistemáticamente liberó narcotraficantes a través de amparos, o que fue abogado de criminales, acceda al cargo”, declaró. También confirmó que ya acordó con Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política, promover impugnaciones contra estas candidaturas.
El legislador subrayó que el hecho de que los nombres ya estén impresos en las boletas no impide que se declare no elegibles a los candidatos en cuestión. “El nombre podrá seguir en la boleta, pero legalmente no serían opciones válidas. Todavía estamos a tiempo de hacer las correcciones necesarias”, añadió.
Sobre las críticas hacia los Comités de Evaluación por permitir que estos perfiles avanzaran en el proceso, Fernández Noroña desestimó la posibilidad de sanciones, señalando que el trabajo que realizaron fue voluntario y sin remuneración. Con un tono irónico, respondió a quienes exigen castigos: “¿Juicio político para los 500 diputados y los 128 senadores por no haber detectado esto antes? No exageremos. El Comité hizo un esfuerzo enorme, cometieron errores, sí, pero no hay mala fe”.
La oposición no tardó en reaccionar. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, acusó a la bancada mayoritaria de Morena de provocar la crisis y ahora querer lavarse las manos. “Estamos frente a un ridículo monumental, ellos crearon el problema y ahora vienen a denunciarlo. Lo grave es que nos están llevando a una elección controlada por intereses del narco”, sentenció. Anaya citó los casos de Fernando Escamilla, abogado del capo Miguel Treviño Morales, “Z-40”, y de Job Wong Ibarra, postulado por diversos poderes, quien también ejerce como ministro de culto de la iglesia Luz del Mundo.
Desde el PRI, el senador Rolando Zapata también habló de una “narcoelección”, señalando que los errores del Senado están quedando al descubierto. “Estamos pagando las prisas con las que se hizo todo esto. El riesgo es altísimo: tener jueces al servicio del crimen”, alertó.
En contraste, la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia Medina, respaldó la postura de Noroña y coincidió en que el INE aún está en posibilidad de impedir que estos perfiles lleguen a cargos de poder. “Todavía hay margen para corregir. Se necesita una reacción inmediata para garantizar que quienes aspiren al poder judicial sean personas íntegras, comprometidas con la justicia”, concluyó.
La tormenta está lejos de disiparse. Con la elección judicial a la vuelta de la esquina, el Senado enfrenta una carrera contrarreloj para limpiar el proceso antes de que sea demasiado tarde.