Senado aprueba en comisiones reforma a Ley de Telecomunicaciones

CIUDAD DE MÉXICO (EA) — Las comisiones unidas del Senado aprobaron este jueves, por mayoría, la iniciativa de reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen fue avalado con 29 votos a favor y nueve en contra, en una sesión marcada por reclamos del bloque opositor, que acusó una aprobación exprés y posibles riesgos a la libertad de expresión.

El documento fue aprobado por las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos, y se prevé que sea votado en el Pleno el próximo lunes 28 de abril.

La reforma contempla dotar a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) de amplias facultades regulatorias, incluyendo la posibilidad de rescatar concesiones de radio y televisión por razones de interés público, seguridad nacional, reordenamiento del espectro o modernización tecnológica.

Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión de restricciones a la propaganda política, ideológica o comercial por parte de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística y cultural. En caso de detectarse alguna infracción, la Secretaría de Gobernación podrá ordenar la suspensión inmediata de la transmisión correspondiente.

El senador panista Ricardo Anaya criticó duramente la aprobación del dictamen, señalando que “esta no es una ley, es una censura” y advirtiendo que su bancada se opondrá durante la votación en el Pleno. Legisladores del PRI, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural también expresaron su rechazo.

El dictamen establece que la nueva legislación tiene como objetivo regular el uso del espectro radioeléctrico, la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como garantizar el acceso a infraestructura y recursos orbitales. También incorpora derechos de usuarios y audiencias, y busca armonizar el marco legal con lo dispuesto en los artículos 6º, 7º, 27 y 28 de la Constitución.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han manifestado preocupación por el posible uso discrecional de estas nuevas facultades, mientras el gobierno federal asegura que la reforma busca ordenar y modernizar el sector.