La trata de mujeres con fines de explotación sexual, es uno de los problemas más graves de derechos humanos en México y Oaxaca. Este delito, que afecta a miles de mujeres y niñas, es una forma moderna de esclavitud y representa una violación flagrante de la dignidad y los derechos humanos.
México es uno de los países con mayores índices de trata de personas en América Latina. De acuerdo a datos del Informe Global sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de 2020, México es tanto un país de origen como de destino para las víctimas de trata, especialmente mujeres y niñas que son explotadas sexualmente.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que la mayoría de las víctimas de trata en México son mujeres, representando aproximadamente el 85% de los casos.
La Fiscalía General de la República (FGR) indica que entre 2015 y 2020, se iniciaron más de 5,000 investigaciones relacionadas con la trata de personas, siendo las mujeres las más afectadas.
En este contexto, la explotación sexual es la forma más común de trata, constituyendo más del 70% de los casos. La corrupción y la complicidad de algunas autoridades locales complican la lucha contra este delito, ya que facilitan las actividades de las redes criminales que operan en diversas regiones del país.
Tristemete, Oaxaca es uno de los estados más vulnerables a la trata de personas debido a su alta tasa de pobreza, su diversidad étnica, y la migración constante. Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Oaxaca tiene uno de los índices de pobreza más altos del país, lo que aumenta la vulnerabilidad de mujeres y niñas a caer en redes de trata.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señaló en un informe de 2019 que Oaxaca es uno de los principales estados de origen de víctimas de trata con fines de explotación sexual en el país.
El informe del Observatorio Nacional Ciudadano de 2021 destaca que las mujeres indígenas son particularmente vulnerables a la trata en Oaxaca. Muchas de ellas son engañadas con promesas de empleo o mejores condiciones de vida y luego son trasladadas a otras partes del país o al extranjero, donde son explotadas sexualmente. La marginación social y económica que enfrentan estas comunidades indígenas exacerba su riesgo de ser víctimas de este delito.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), señaló que en 2022, más del 60% de la población de Oaxaca vivía en condiciones de pobreza, lo que coloca a mujeres y niñas en una posición de alta vulnerabilidad frente a las redes de trata. Adicionalmente, la discriminación de género y la violencia estructural contribuyen a que las mujeres sean vistas como mercancías explotables por estas redes criminales.
El gobierno ha implementado varias políticas y programas para combatir la trata de personas. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, promulgada en 2012, establece un marco legal para la prevención y el castigo de este delito, así como la protección de las víctimas. Sin embargo, su aplicación ha sido inconsistente, y las tasas de impunidad siguen siendo altas.
La trata de mujeres en México y Oaxaca es un problema complejo y profundamente arraigado, alimentado por la pobreza, la desigualdad, la violencia y la corrupción. La magnitud del problema y las tasas de impunidad muestran que queda mucho por hacer para proteger a las mujeres y niñas de este flagelo.
Es esencial que se fortalezcan las políticas públicas, se mejore la coordinación entre las diferentes instancias gubernamentales de preveción del delito, así como los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia, y con ello se brinde un apoyo más robusto a las víctimas para que este crimen no quede impune y se reduzca su incidencia en el país.