El acuerdo logrado entre el Ejecutivo ecuatoriano y el liderazgo indígena le devolvió la paz al país tras 18 días de protestas. Ambas partes hicieron concesiones para levantar el Paro Nacional, y una de ellas fue la relacionada con el precio del combustible.
Con el juego político trancado y las calles al borde del caos, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso se comprometió a bajar el precio en quince centavos. Un monto muy inferior a los cincuenta centavos solicitados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Sin embargo, eso, junto a otros compromisos, fue suficiente para sellar el acuerdo que puso fin a una crisis que amenazaba con tomar dimensiones impredecibles.
Ahora que las aguas se han calmado, surge la pregunta: ¿cómo financiará el Ejecutivo este nuevo subsidio? ¿De dónde sacará los fondos para costear el milmillonario compromiso? Y, más allá de lo inmediato, ¿ofrecerá realmente una solución duradera para apaciguar el descontento de los ecuatorianos?
Milmillonario subsidio: ¿para los más necesitados?
“¿Por qué llegamos a este acuerdo?”, se pregunta Juan Carlos Holguín, canciller del Ecuador, en entrevista exclusiva con DW, en Quito.
“Porque también se comprendió, desde el lado de los indígenas, que tenemos que ser responsables con las arcas fiscales. Actualmente, tenemos más de 3.300 millones de dólares en subsidios al combustible. Entonces, creo que, en este acuerdo, logramos estandarizar el diálogo en los argumentos de la baja, pero al mismo tiempo pensar en un proceso de focalización de los subsidios. Es muy difícil encontrar un proceso exitoso de focalización de subsidios, pero lo vamos a lograr”, afirma.
Una coincidencia fundamental entre las partes fue precisamente la focalización. Gobierno y liderazgo indígena estuvieron de acuerdo en la necesidad de dirigir el subsidio al combustible de una manera más eficiente, para que los sectores más necesitados de la sociedad sean quienes se vean beneficiados.
“Nosotros no pedimos que se desfalque al Estado. Ni siquiera hemos pedido que la reducción del precio del combustible sea definitiva. Lo importante es bajar el precio para que los ciudadanos tengamos un respiro, y luego nos sentemos a evaluar las posibilidades de una política de focalización”, subraya Leonidas Iza, presidente de la CONAIE y quien fue la cabeza más notable del Paro Nacional, en entrevista con DW.
Ese será uno de los puntos clave de las próximas semanas. Establecer los criterios que regirán esa eventual focalización, sus mecanismos de aplicación y sus tiempos, será prioridad en la agenda del Ejecutivo.
Para Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional de Quito, la focalización deberá tener dos aristas: la variable personal (calidad ciudadana para ser beneficiario), y el sector estratégico de producción (agrícola, pétreos, florícola, por ejemplo).
“En Ecuador, existe una deuda pendiente por mandato constitucional, que es el censo poblacional. El mismo se puede aprovechar para hacer dichas sectorizaciones, lo que aliviaría al propio Gobierno a efectos de generar certeza con los beneficiarios”, sugiere.
La encrucijada: usar medidas impopulares o reservas internacionales
Quienes critican este nuevo subsidio aseguran que tendrá incidencias en el presupuesto nacional, o en la capacidad del Estado para honrar sus compromisos de deuda externa o sus acuerdos con instituciones extranjeras.
El líder indígena Leonidas Iza, sin embargo, considera que “el presidente debe entender que está gobernando para el pueblo ecuatoriano, y no para el Fondo Monetario Internacional (FMI). La plata para financiar este subsidio se puede tomar de las reservas internacionales”. Iza hace referencia a una de las metas principales establecidas por el FMI en el acuerdo de 2020: alcanzar casi 8.500 millones de dólares en reservas internacionales.
Para el experto en economía política José Emilio Vásconez, esa debe ser la primera opción de financiamiento que considerará el Gobierno del presidente Lasso: “Para quienes vemos la economía de una manera más heterodoxa, las reservas internacionales o los lingotes de oro son dinero ocioso, sobre todo en un mundo poscovid que necesita recuperación”.
Vásconez desestima otras medidas como la reducción del gasto público, porque perjudicaría aún más los servicios que ya de por sí están desgastados. Igualmente, no cree viable el aumento de las tasas de interés, pues, en Ecuador, el crédito para inversiones ya es muy caro. Por eso, observa con atención las reservas internaciones:
“Usar las reservas tendrá un costo de cara al FMI, pero no será una medida impopular. Allí es donde el Gobierno, en una decisión de economía política, tendrá que elegir entre agitar a los sectores sociales o agitar al FMI. Y yo creo que, en esta etapa, el FMI será más flexible, pues no le conviene otro plan fallido en América Latina”.
El catedrático Esteban Ron considera también otra fuente de financiamiento: “En el mediano plazo, el Gobierno deberá generar movimientos de partidas presupuestarias y estabilizarlas aprovechando la brecha petrolera positiva que se tiene, y transparentar este ejercicio de compensación presupuestaria para que exista el apoyo social y de esta manera no se genere otra reacción”.
En cualquier caso, la administración del presidente Lasso se enfrenta a un compromiso que está obligado a cumplir, de lo contrario —ya lo advirtió la CONAIE— los indígenas volverán a tomar las calles.
Es un escollo tan complicado que, al momento de cerrar esta nota y una semana después de firmado el acuerdo que puso fin a las protestas, el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador le confirmó a DW que todavía se están llevando adelante las reuniones que permitirán consolidar las cifras para decidir cuáles serán las fuentes de financiamiento de este subsidio. Los días que vienen serán cruciales para las arcas del Estado.