Sin libertad de expresión, no hay Estado democrático de derecho, reconocen DDHPO, Mecanismo Federal de Protección de SEGOB, ONU-DH y USAID

• La exigencia de la verdad y la justicia de periodistas y defensores resulta inconveniente a quienes ostentan poder político y económico y no tienen interés en cambios al status quo.
• Al afectar los intereses de estos actores, defensores y periodistas enfrentan riesgos por sus actividades, traducidos en criminalización, amenazas, estigmatización y homicidios.

Segunda y Última Parte

Ante la sangrienta violencia que golpea a periodistas y defensores de derechos humanos se reitera que sin plena libertad de expresión, no hay Estado democrático de derecho.

El periodismo tiene estrecha relación con la vida democrática, reconoció la DDHPO ante el Mecanismo de Protección a Defensores de DH y Periodistas de SEGOB, ONU-DH y USAID.

Del 1 de enero de 2019 a la fecha, la ONU-DH documentó 103 asesinatos de defensores de DH, 44 periodistas y 7 de trabajadores de medios en posible relación con su labor.

De esas 192 víctimas, 38 periodistas y defensores fueron desaparecidos, 25 recuperaron su libertad y 13 siguen desaparecidos; 63.5% habían sufrido incidentes violentos previos.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ONU-DH, dice que 30 de las víctimas contaban con medidas de protección.

Al pasado 31 de mayo Oaxaca se ubica en el tercer lugar con más solicitudes de incorporación a nivel nacional, solo por debajo de la Ciudad de México y Guerrero.

Oaxaca es el primer estado con más defensores de derechos humanos beneficiarios por el Mecanismo para la Protección de estas personas con 159 y quinta de periodistas con 32.

Ante esta violencia selectiva, Evelin Recinos, de ONU-DH en México dijo que es obligación reforzada del Estado proteger a quienes nos informan y defienden nuestros derechos.

“La actuación libre de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas es fundamental para la verdadera realización del Estado democrático de derecho”.

Sin embargo, su exigencia por la verdad y la justicia puede resultar inconveniente para quienes ostentan poder político y económico y no tienen interés en cambios al status quo.

Al afectar los intereses de estos actores, los defensores y periodistas enfrentan riesgos por sus actividades, traducidos en criminalización, amenazas, estigmatización y homicidios.

En la Presentación del Protocolo para la Implementación de Medidas Cautelares para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por la DDHPO, Recinos subrayó:

Las obligaciones de las autoridades federales, locales y municipales, no se limitan a la abstención de vulnerar los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas.

Es deber del gobierno prevenir violaciones y protegerles de riesgos con medidas efectivas, investigar, juzgar y sancionar a quienes resulten responsables por agresiones en su contra.

Dafne Gómez, de la Oficina de Gobernanza en DH y Seguridad Ciudadana de USAID, dijo “es crucial colaborar con la DDHPO y apoyar las acciones que fortalezcan la protección de los derechos humanos”.

“El Protocolo dará certeza en la emisión, implementación, seguimiento y conclusión de las medidas, garantizando la protección efectiva y oportuna a defensores de derechos humanos y periodistas en riesgo”.

La Mtra. Tobyanne Ledesma Rivera, Directora General del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB, señaló a su vez:

“Históricamente, periodistas y defensores han tenido un rol fundamental en la sociedad al garantizar, promover y defender el respeto a los derechos humanos de todas y todos”.

Actualmente, 191 defensores y periodistas son beneficiarios de protección federal, por lo que el Protocolo generará acciones preventivas y de atención para este sector social.

Además del diálogo institucional es fundamental la sensibilización y compromiso de los funcionarios responsables para su cumplimiento, afirmó la Ombudsperson Elizabeth Lara.

Ahora, la Defensoría, fortalecerá las capacidades institucionales con una intensa labor de capacitación, que permita implementar en Oaxaca el Protocolo de manera adecuada.

alfredo_daguilar@hotmail.com

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