San Pedro Pochutla, Oaxaca.- Miguel Enrique Gutiérrez Velázquez, Presidente del Comisariado de Bienes Comunales fue anfitrión de la asamblea de comisariados comunales, ejidales y organizaciones sociales en defensa de la tierra.
Y es que bajo convocatoria, los liderazgos agrarios del Istmo de Tehuantepec, Valles Centrales, Santa Catarina Juquila, Costa, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y Artículo 39, llevaron a cabo su asamblea en la Casa Comunal de éste núcleo agrario.
Allí, los comisariados y activistas sociales se pronunciaron por el rechazo a la privatización de la propiedad social.
Comuneros y ejidatarios exigen la derogación del decreto que promovió el Gobierno del Estado de Oaxaca que grava impuestos a las tierras comunales y ejidales.
Este decreto bajo el rubro de Paquete Económico 2024 está siendo rechazado por diversos líderes comunales y ejidales en las ocho regiones de la entidad.
Los congresistas piden una nueva Ley Agraria que enmarque el fortalecimiento de la propiedad social. “Nosotros somos los poseedores del 63% del territorio oaxaqueño, no nos dan presupuestos pero si quieren privatizar las tierras y cobrar impuestos, como agraristas estamos comprometidos con la defensa de la propiedad social, estamos comprometidos y obligados a salvaguardar el legado histórico de la Revolución Mexicana que a través de nuestro General Emiliano Zapata se luchó y seguimos luchando para preservar este legado”, exaltó Miguel Enrique Gutiérrez Velázquez.
Asimismo, en esta asamblea los congresistas ratificaron el compromiso de sostener el legado histórico de Emiliano Zapata y se declararon en defensa de la tierra.
Los Comisariados exhibieron la ausencia de presupuestos para los ejidatarios y comuneros de poco más de 1,800 núcleos agrarios que tiene Oaxaca.
Otra de las premisas de la asamblea es la exigencia de la destitución de Gonzalo Villalobos López actual delegado de la Procuraduría Agraria por actos irregulares que atentan contra los núcleos agrarios.
Integrantes de la organización Artículo 39 señaló que un gobierno que se dice democrático, incluso de izquierda, no debería atentar contra la propiedad social y se sumó a la directriz de la defensa de las tierras comunales y ejidales.