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La Corte Penal Internacional (CPI) acaba de emitir una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Maria Alekseyevna Lvova-Belova, funcionaria de su gobierno, acusados de deportación ilegal y traslado ilegal de niños en Ucrania.
¿Pero qué significa exactamente? ¿Puede Putin ser detenido en el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia para ser juzgado por el tribunal con asiento en La Haya, Países Bajos?
La respuesta rápida es que es altamente improbable.
Rusia, como Estados Unidos y otros países, no es un estado miembro del Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la CPI, y no reconoce su jurisdicción.
Por otro lado, la CPI, que define e investiga delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión, no juzga in absentia, es decir sin que el acusado esté presente en el juicio.
Por lo tanto, para ser juzgado por la corte Putin debería ser entregado a la CPI por el gobierno de Rusia o arrestado fuera del país, dentro de las fronteras de un Estado que sí reconozca la jurisdicción de la corte.
“Rusia no es miembro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles [pretensiones] de detención procedentes de la Corte Internacional de Justicia serán legalmente nulas para nosotros”, dijo este viernes Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.
A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU y dirime pleitos entre Estados, la CPI es independiente y juzga personas. La mayoría de los países del mundo (123 en total) son miembros de la CPI, pero las excepciones son notables: además de Rusia –que se retiró del Estatuto de Roma en 2016– y EE.UU., tampoco Israel, Corea del Norte, Irán, Armenia ni Azerbaiyán reconocen al tribunal.
Ucrania tampoco es miembro, aunque aceptó su jurisdicción. Esto es importante porque la CPI tiene jurisdicción territorial únicamente entre los estados que son miembros del Estatuto de Roma o los que han aceptado su jurisdicción.
Formada en 2002 y con sede en La Haya, Países Bajos, la CPI es un intento de reemplazar a los tribunales ad hoc formados en varios momentos del siglo XX para juzgar crímenes específicos y luego disueltos, como los de Núremberg, Tokio o Ruanda.
Pero ha tenido problemas de jurisdicción, en medio de procesos complejos y extensos que han llevado a solo un puñado de condenas.
La CPI, en tanto, investiga desde hace años la situación en Ucrania. Entre 2014, el año en el que Rusia invadió y anexó la península de Crimea –antecedente directo de este conflicto– y 2020 la corte condujo una larga pesquisa y la fiscal Fatou Bensouda dijo en ese entonces que había pruebas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, aunque finalmente no se avanzó en las acusaciones.
Y el 28 de febrero de 2022, cuatro días después de la invasión rusa de casi toda Ucrania, el tribunal abrió una nueva investigación por crímenes de guerra en el marco del renovado conflicto.
Por Agencias.
