Integrantes de las secciones 71 y 73 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud (SNTSA), y que forman parte del Programa de Vectores, acusaron al director administrativo de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), David Concha Suárez, de la destitución arbitraria de dos coordinadores.
Indicaron que estas decisiones se tomaron sin sustento y evidencian acoso laboral, por lo que los trabajadores bloquearon los accesos de las oficinas administrativas que la dependencia en calle Violetas y Heroico Colegio Militar, en la colonia Reforma.
El secretario General de la Sección 71, Alejandro Villar Gallegos, detalló que ante las decisiones arbitrarias de Concha Suárez ambas secciones decidieron unirse en una protesta y exigir su destitución.
Detalló que la primera destitución se dio en agosto pasado cuando el coordinador de Vectores de la Jurisdicción tres con sede en Tuxtepec, Juan Carlos Ochoa Estrada, dejó de fungir como tal.
“Sin ningún fundamento, lo destituyó y hasta el 16 de octubre lo reinstalaron; no protestamos en su momento, pero estamos inconformes”, explicó.
La segunda destitución ocurrió iniciando este mes de noviembre con el coordinador del programa Vectores en la Jurisdicción cuatro de la Costa, Simeón Rodríguez Ganados, y sus funciones ahora son responsabilidad de la jefa de esa Jurisdicción, Yaneira Castellanos Nava.
“Tampoco se ha dado explicación o motivo alguno de la destitución. Los trabajadores estamos hartos de este acoso laboral. Nuestro programa cumplió 65 años y nunca habíamos sido pisoteados como lo ha hecho Concha Suárez”, reprochó.
Aunque este diario solicitó una entrevista con el director de Administración, hasta el cierre de edición no había respondido de manera favorable.
A la par, el SITYPS mantuvo por cinco días consecutivos un bloqueo afuera de las oficinas centrales de los SSO en calle de J. P. García, en el centro de la ciudad.
El secretario general del SITYPS, Saúl Ulises Cortés Maldonado, refirió que el martes tuvieron una reunión con Concha Suárez sin solucionar su demanda principal, el cumplimiento de tres laudos para 11 trabajadores que deben tener base desde 2019 y recibir un pago global por cinco millones de pesos.
Acusó de un desvío millonario de recursos para el pago de extrabajadores del Seguro Popular que debieron ser contratados desde el uno de enero.