OAXACA, Oaxaca (EA) — El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, presentó ayer martes una iniciativa ante el Congreso del Estado para autorizar a los 570 municipios de la entidad a contratar deuda pública conjunta por un monto total de 8 mil 339 millones 779 mil 51 pesos. Los recursos estarían destinados a financiar proyectos de infraestructura y obras sociales prioritarias.
La iniciativa, turnada a comisiones legislativas para su análisis, permitiría a los municipios gestionar uno o varios financiamientos con instituciones bancarias del país. Como garantía de pago, los municipios podrán afectar hasta el 25% de los recursos que reciben anualmente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS Municipal).
Cada municipio podrá negociar los términos y condiciones de los financiamientos, excepto la tasa de interés, que será fija. Los plazos de pago no podrán exceder el periodo constitucional de la administración municipal que contrate la deuda. Para los municipios regidos por partidos políticos, el pago deberá completarse a más tardar el 30 de noviembre de 2027, mientras que para aquellos que operan bajo sistemas normativos internos, la fecha límite será el 30 de noviembre de 2028.
La iniciativa establece que los recursos obtenidos deberán destinarse exclusivamente a inversiones públicas productivas, como obras de agua potable, alcantarillado, electrificación rural, infraestructura básica en salud y educación, así como acciones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema y localidades con alto rezago social.
Además, se propone que la Secretaría de Finanzas del Estado actúe como mandatario para garantizar el pago directo a las instituciones crediticias, utilizando los recursos del FAIS Municipal asignados a cada ayuntamiento.
La contratación de deuda deberá ser aprobada por los ayuntamientos con una mayoría calificada, y los montos se incorporarán automáticamente a las leyes de ingresos municipales correspondientes a los ejercicios fiscales 2025 y 2026.
Esta iniciativa busca fortalecer la capacidad financiera de los municipios para impulsar el desarrollo social y económico en una de las entidades con mayores índices de marginación en el país. Sin embargo, su aprobación final dependerá del análisis y dictamen de las comisiones legislativas.
