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La Fiscalía General del Estado no respeta ni hace respetar la Ley contra los políticos delincuentes que presionan y chantajean con bloqueos por razones, públicas y notorias, de evidentes compromisos y complicidades políticas.
* Juan Torres Pereda, dirigente del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (Codeci AR), Miguel Cruz Moreno, dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO); David Juárez, de la CNPA y la 14 de junio han provocado el caos.
En política no hay casualidades, sino causalidades. Obligado es preguntar: ¿Quién y por qué quiere la cabeza de Paco Piza? ¿De quién es la mano negra en bloqueos del CIPO y CODECI para exigirla?
La mano negra, entre otras, es la del director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quien incendia Oaxaca para fortalecer su presencia política nacional.
El indiólogo es responsabilizado junto con la Secretaría de Gobernación (Segob) de la violencia en Juquila Mixes, comunidad en la que han sido asesinados tres desplazados de Guadalupe Victoria.
La última semana fueron asesinados dos desplazados, a los que se sumó el homicidio del defensor comunitario Crispín Reyes Pablo, representante de las víctimas de desplazamiento forzoso.
Crispín Reyes Pablo, exagente municipal de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, fue defensor de los derechos humanos de las 128 familias desplazadas de esa comunidad mixe.
Ha sido ineficaz la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Nacional y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (CNDH-DDHPO).
La mano negra de Adelfo está, una vez más, detrás del conflicto de las agencias de San Marcos Zacatepec y Santa María Amialtepec contra la cabecera municipal de Santa Catarina Juquila.
El conflicto es provocado por la representante del INPI en Juquila, Olga Hernández Ramírez, y su marido, el abogado Tirso Liberio Ventura Guzmán, autonombrados representantes chatinos.
Hartos de bloqueos, vecinos de Juquila dan un ultimátum al gobierno para que Amialtepec y Zacatepec levanten el bloqueo hoy. Si no lo hacen harán valer su derecho al libre tránsito y les desalojarán.
Como siempre en todos los casos de chantaje al Gobierno de Alejandro Murat llama poderosamente la atención la omisión, negligencia y/o complicidad del Fiscal Arturo Peimbert.
¿Si los dirigentes de las organizaciones sociales y políticas son verdaderos “pájaros de cuenta” con negro historial delictivo por qué la Fiscalía General del Estado no aplica la ley en su contra?
Basta echarse un clavado en el archivo vigente y muerto de la institución representante del Ministerio Público para enlistar las carpetas de investigación iniciadas en contra de esos dirigentes.
Mucho más importantes es inventariar las órdenes de aprehensión pendientes de ejecución contra los dirigentes de organizaciones políticas y sociales, por delitos del fuero común y federal.
¿Por qué la Fiscalía General del Estado no lo hace? Primeramente, porque su titular siempre ha estado ausente de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo despacha desde la Ciudad de México.
En seguida, la Fiscalía General del Estado no respeta ni hace respetar la Ley contra esos políticos delincuentes por razones, públicas y notorias, de evidentes compromisos y complicidades políticas.
Es el caso de Juan Torres Pereda, dirigente del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (CODECI-AR) y Miguel Cruz Moreno, dirigente del Consejo Indígena Popular de Oaxaca (CIPO).
También es el caso de Olga Hernández Ramírez, representante del INPI en Juquila, quien, aliada con el ex Síndico Procurador, han incendiado el emblemático municipio y santuario católico.
La funcionaria del INPI ha utilizado al agente municipal de San Marcos Zacatepec, para bloquear la carretera que comunica a Juquila con el vecino municipio de Río Grande, afectando a la población.
Desde el martes, los accesos a la cabecera municipal de Santa Catarina Juquila están bloqueados por habitantes de las agencias municipales de San Marcos Zacatepec y Santa María Amialtepec.
Otro grupo de inconformes, procedente de Amialtepec, también bloquearon la carretera que conecta al Cerro del Vidrio con la cabecera municipal, Juquila quedó sitiado sin acceso alguno.
Exigen recursos de los Ramos 28 y 33 sin respetar las reglas de operación y ser tomados en cuenta en las obras de reconstrucción por los daños causados por el huracán Agatha con dinero federal.
A pesar de tener un rosario de cuentas pendientes con la justicia, extraña e inexplicablemente mantienen absoluta impunidad en sus acciones de presión política y chantaje económico.
Así ha sido, así es y seguirá siendo, mientras la población y especialmente la ciudadanía consciente, no se organice para exigir que las autoridades respeten y hagan respetar la ley.
Esta es la solución simple y sencilla: Respetar y hacer respetar la ley en todos los casos, sin excepción. El problema es que la anarquía se convirtió en fuente principal de riqueza mal habida.
A pesar que cada año el Gobierno del Estado ha dado 20 millones de pesos a CODECI-AR y CIPO, ahora, presionan y chantajean con sabotear la Guelaguetza. Exigen 20 millones de pesos más.
La Policía Estatal detuvo a David Juárez López, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), por bloquear el estratégico crucero de Avenida Juárez y la calzada Héroes de Chapultepec.
De manera condenable, bastó una llamada del dirigente nacional del Partido del Trabajo, José Narro Céspedes, al Secretario General de Gobierno, Paco Piza, para que fuera liberado.
David Juárez López, militante del PT, es primo hermano de Jesús Romero López, de Lenin López Nelio y de Pavel López Gómez. Hundirán en el infierno de la anarquía a Oaxaca el próximo sexenio.
El Frente Popular “14 de junio” se sumó a los bloqueos, demanda la libertad de David Juárez López, detenido por bloquear el crucero de Calzada Héroes de Chapultepec y Avenida Juárez.
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