Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una Recomendación General dirigida a los 570 municipios de la entidad, así como a autoridades estatales de seguridad, procuración y administración de justicia, debido a la ocurrencia constante de muertes de personas en cárceles o separos municipales de Oaxaca.
El organismo autónomo detalla que ha emitido tres recomendaciones relacionadas con decesos de personas al interior de los centros de detención municipal de San Antonino Castillo Velasco (06/2018); San Pedro Apóstol (02/2020) y Santa María Alotepec Mixe (05/2022).
Aunado a que, de 2015 a la fecha ha documentado 19 expedientes relativos a decesos de personas en Santa María Camotlán, Santiago Juxtlahuaca, Tezoatlán de Segura y Luna (donde hubo dos casos, uno de ellos en la Agencia de Policía de San Martín del Río); La Ciénega, Zimatlán; Huajuapan de León; Santa Lucía del Camino; Teotitlán de Flores Magón; San Juan Bautista Tuxtepec; Tataltepec de Valdés, Juquila; Matías Romero Avendaño; El Espinal; San Juan Lajarcia, Yautepec; Salina Cruz; Santa María Huatulco; Santa Catarina Juquila; Tlalixtac de Cabrera; Juchitán de Zaragoza; y, San Andrés Chicahuaxtla, Putla de Guerrero, Oaxaca.
En 14 casos, el organismo autónomo identificó que las autoridades señalaron que las muertes ocurrieron por suicidio, mientras que, en cinco, argumentaron la existencia de complicaciones por enfermedades o malestares de las personas detenidas, que derivaron en su muerte.
La DDHPO advierte que, si bien en cada uno de los casos documentados en la Recomendación General se han iniciado averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, la mayoría no trascienden la responsabilidad en que, al menos por omisión, pudieran haber incurrido los servidores públicos encargados del resguardo de las personas.
Por tanto, para la DDHPO resulta indispensable que se investiguen a fondo los hechos ocurridos, toda vez que ello resulta no solo de interés para la familia de las personas que perdieran la vida en esos espacios, sino que también es una cuestión de orden público al relacionarse con la seguridad pública y la procuración de justicia.
Así también, la DDHPO documentó que, entre enero de 2020 y noviembre de 2022 se han registrado 538 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas presuntamente por elementos de las policías municipales.