Por desacato de frenos a elección en el PJF, alertan crisis constitucional

Los constantes desacatos a las suspensiones contra la discusión e implementación de la reforma al Poder Judicial llevan al país a una crisis constitucional y democrática, alertaron expertos.

En el foro virtual de EL FINANCIERO Bloomberg, la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores (AMJ), sostuvo que para tener Estado de derecho se deben cumplir todas las órdenes judiciales, y no sólo en las que se está de acuerdo.

Alertó que esta actitud por parte del Legislativo y del Ejecutivo, que han hecho caso omiso de frenos contra la discusión, promulgación e implementación de la reforma, nos está llevando a que el más fuerte decide.

“No podemos generar una suerte de ley de la selva, o que cada quien tome justicia por propia mano. Las personas juzgadoras tienen la facultad de determinar estas medidas, y hay, también en la ley, recursos para impugnar, que no los ejercieron”.

Molina de la Fuente aseveró que las autoridades están obligadas a obedecer los mandatos judiciales, si se quiere mantener una democracia constitucional.

“Una vez que está firme la resolución, no puede haber otra reacción de quien está condenado, más que cumplirla. Eso es un Estado de derecho”, sentenció.

Lamentó que no sólo no se estén cumpliendo los mandatos judiciales, sino que además digan que no los van a acatar, “con todo el cinismo (…) porque creen que está mal y no debe cumplirse”.

Por su parte, el exconsejero electoral Marco Baños señaló que estas omisiones son una premonición de lo que podrá suceder con cualquier decisión de un juzgador.

“Eso nos anuncia lo que va a pasar más adelante, cualquier situación que incomode al gobierno se van a frenar bajo el argumento de que son ilegales”, alertó.

Lamentó que “ahora el carácter de legal, la connotación de legalidad de un acto judicial no lo van a dar los juzgadores, lo va a dar el gobierno. Es una cosa verdaderamente terrible para el país”.

Baños también criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga que llenar el vacío que quedó en la legislación para implementar la elección de jueces y magistrados.

“No hay normas secundarias; creo que, con independencia de que las pudiera emitir el Congreso en las próximas semanas, es un hecho que éstas pueden entrar en contradicción con los criterios del INE”.

En tanto, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Javier Martín Reyes consideró que es grave que las autoridades ignoren las decisiones judiciales.

“No es normal que los poderes públicos se pasen por el arco del triunfo las suspensiones, que el INE, le gusten o no las suspensiones, vayan o no a acatar”, acusó.

Concluyó que si entramos a una era en la que las decisiones judiciales son opcionales, entonces ya transitamos a un modelo donde el poder político decide qué se puede y qué no hacer.

Por Agencias.