Organizaciones de la sociedad civil que conforman la Coalición por la Reducción de Homicidios, expresaron que, independientemente de quien asuma los cargos gubernamentales tras el proceso electoral del 2024, en los próximos meses se prioricen y construyan alternativas de seguridad que atiendan la violencia homicida.
“También que comprendan las causas estructurales y consideren sobre todo a grupos marginados y vulnerables, así como la identidad de género de las víctimas; promuevan la transparencia sobre las políticas públicas implementadas y las evaluaciones de impacto de dichas políticas, entre otras recomendaciones que hemos plasmado en el documento de compromisos”, detalló Verónica Patraca, coordinadora de Incidencia en Data Cívica.
Bajo este contexto, las ONG presentaron nueve compromisos que abarcan una gama de medidas para abordar la problemática de los homicidios y la violencia en diferentes contextos, desde la construcción de bases de datos confiables sobre violencia homicida hasta la promoción de políticas de desarme efectivas.
Uno de los puntos destacados fue la necesidad de diseñar propuestas para la construcción de datos confiables, que sean auditados por actores independientes y que incorporen el uso ético y responsable de la tecnología, como el análisis de redes sociales con inteligencia artificial para detectar amenazas.
Además, se enfatizó la importancia de fomentar estrategias de reducción y prevención de homicidios basadas en evidencias, involucrando a actores estratégicos como la academia, la sociedad civil y los medios de comunicación.
“Ya hay esfuerzos previos, ya hay muchísimos esfuerzos para la reducción, para la prevención (de los homicidios), entonces habría que revisarlos, cuáles son los aciertos, cuáles son las inconsistencias y solamente así podremos confirmar la viabilidad y la sostenibilidad de nuestras nuevas propuestas”, comentó Giselle Delgadillo, asistente de Investigación en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colmex.
Desarme
También se habló de buscar la promoción de políticas públicas desde una perspectiva de prevención, que impulse el control efectivo de armas de fuego.
“La presencia de armas (está relacionada) con muchos fenómenos que nos aquejan en materia de seguridad en el país y está correlacionada con muchos otros elementos de actividad criminal (…) atender esta dimensión de desarme nos podría abonar muchísimo más en materia de actividad criminal”, consideró Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa.
Por su parte, Céline González, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, habló sobre la necesidad de formar y capacitar a los operadores del Sistema de Seguridad en el país para mejorar la atención a poblaciones marginadas como mujeres, pueblos originarios o personas con orientaciones e identidades sexuales diversas.
En México la justicia no es para todos, quienes tienen mayor número de redes, quienes tienen mayor recurso económico, acceden mucho más fácil a la justicia, entonces justamente creo que estos programas de formación y de sensibilización a otro tipo de poblaciones vulnerables es sumamente importante durante el proceso de justicia”, detalló la especialista.
Mientras que, Catalina Kühne, directora ejecutiva de Impunidad Cero, resaltó la importancia de fortalecer la articulación entre la academia, los movimientos sociales, los pueblos originarios y la sociedad civil organizada para generar diálogos, convergencias y estrategias de acompañamiento a las víctimas directas e indirectas.
“Las víctimas indirectas son las de pronto primeras que conocen cómo funciona el sistema de justicia, dónde están los topes a los que se enfrentan, son las primeras que nos pueden mostrar cómo o decirnos qué es lo que les hace falta”, indicó la experta.
Por Agencias.