Multas y cárcel a quien no use cubrebocas en Zimatlán de Álvarez

Previo al cierre del año, en el municipio de Zimatlán de Álvarez, en la zona del Valle Central de Oaxaca, ante el alto número de contagios por Covid-19, la autoridad municipal determinó, aplicar multas de hasta 200 pesos y cárcel preventiva a quien no uso cubre bocas en la vía pública, además de reforzar sus medidas de control sanitario, como restricciones de movilidad, y realizar operativos con la policial para romper todo tipo de festejo o aglomeración.

Este es el tercer municipio en la entidad que emite estas restricciones como medidas de prevención y mitigación.

En una circular enviada a empresas, comercios y ciudadanos, el presidente municipal del ayuntamiento Javier Barroso de extracción panista, y su cabildo refiere: “El gobierno municipal de Zimatlán de Álvarez, a través de la Regiduría de Salud informa a toda la población en general que debido al incremento acelerado de contagios de Covid-19, los horarios de apertura de cierre de los comercios deberán ser respetados de acuerdo al semáforo epidemiológico en el que nos encontramos: Naranja- 8.00 am -18:00 horas.

Tendremos un periodo de resguardo a la salud a partir del 2 de enero del 2021, con las siguientes acciones.

*Cierre de las entradas principales de la población

*Uso obligatorio de cubre bocas, lavado de manos, gel o desinfectante.

*Sanciones a todo tipo de aglomeraciones de acuerdo a la ley

*Está prohibido el ambulantaje

*No portar cubrebocas será acreedor de una multa de 200 pesos o cárcel preventiva.

Otros municipios donde también se reforzaron las medidas de prevención y se aplican cárcel y multas a quien no use cubrebocas en la vía pública, son los de San Pedro Mixtepec, -donde está el destino turístico de Puerto Escondido, y San Pedro Pochutla, donde las multas y sanciones oscilan por encima de los 500 pesos.

Según el último dato oficial, en los últimos dos meses han sido arrestadas en ambas localidades unas 300 personas.

En 4 casos se han presentado reclamos y quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por excesos cometidos por los cuerpos de seguridad de la zona.