* “Regiones indígenas oaxaqueñas que por su geografía son polos aislados del centro del país, propicias para el tráfico de drogas y armas. Comunidades donde el narcotráfico ha contribuido a fortalecer conflictos armados y territoriales, y ha generado un aumento significativo de la violencia”.
* Razón y motivo que explica el sabotaje a los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Corredor Interoceánico y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como las supercarreteras a las regiones de la Costa y al propio Istmo, y que dificultan la redefinición de límites en los Chimalapas.
La síntesis del reportaje de Antonio Mundaca “Sembradores de Niebla”, confirma que Oaxaca se encuentra entre los seis estados amapoleros del país, además de ser el segundo estado en el sureste, y que los conflictos en la zona Mixe son asunto de seguridad nacional, por el cultivo de amapola y tráfico de goma de opio.
“En la Sierra Mixe desde la década de los ochenta hay registro de siembra de amapola. Sus carreteras y caminos escondidos sirven como rutas de trasiego de goma de opio al centro del país y a los mares del Atlántico y el Pacífico, a pesar de que la siembra de drogas en las comunidades se castiga con el destierro”, escribe el colega periodista jarocho.
“Desde hace cinco años los pactos internos entre autoridades, sembradores e intermediarios se han roto por la violencia que ejercen grupos paramilitares que buscan controlar el territorio. Violencia que el gobierno disfraza de conflictos sociales”.
Sin embargo, la detallada crónica de Antonio Mundaca Amapola en la “Sierra Mixe: el embarcadero estratégico al Golfo de México y el Transístmico” debe ampliarse al cultivo de amapola y tráfico de goma de opio en la zona de los Chimalapas para entender que los conflictos en esa zona, también son un asunto de seguridad nacional.
Antonio Mundaca refiere que al menos desde 2017, la Sierra Mixe y la Nación Triqui son consideradas como zonas de siembra y decomisos de amapola, y la Sierra Sur como un bastión histórico de comercio, trasiego y cultivo de la goma de opio.
“Tres regiones indígenas oaxaqueñas que por su geografía son polos aislados del centro del país, propicias para el tráfico de drogas y armas. Comunidades donde el narcotráfico ha contribuido a fortalecer conflictos armados y territoriales, y ha generado un aumento significativo de la violencia”.
Realidad maquillada por complacencia o complicidad por el Gobierno federal y estatal que confirma que la causa de los permanentes conflictos aparentemente político-sociales-agrarios es fomentada y financiada por el narcotráfico y los grupos guerrilleros que operan en Oaxaca, especialmente en la Sierra Sur.
Razón y motivo que explica el sabotaje a los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, las obras del Corredor Interoceánico y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, así como las supercarreteras a las regiones de la Costa y al propio Istmo, y que dificultarán la solución a la redefinición de límites en los Chimalapas.
“Zonas donde el Estado opera, lo que Francisco López Bárcenas, académico del Sistema Nacional de Investigadores de México, llama ‘Ingeniería del conflicto’, una definición práctica que conforma la “Triada Criminal” que une al Estado, las empresas y el crimen organizado para imponer su poder a través del miedo, generando desplazamiento forzado, destrucción del tejido social comunitario con secuestros, homicidios, tráfico de personas y violaciones de derechos humanos, y la apropiación de los territorios indígenas para la siembra de drogas o construcción de megaproyectos”.
“Regiones de Oaxaca que forman un cuerno –entre montañas– con carreteras que atraviesan el estado sureño de México, y son un puente entre Veracruz y Guerrero, ambos estados con fuerte presencia del crimen organizado. Rutas al comercio con el mundo a través del Pacífico y el Atlántico”.
“En la Sierra Mixe, la Nación Triqui y la Sierra Sur oaxaqueña, empresas trasnacionales del narcotráfico, se fusionan con caciques locales, que al mismo tiempo se encuentran al servicio del gobierno mexicano, partidos y organizaciones políticas que simulan conflictos sociales o agrarios y expanden sus áreas de control acaparando con violencia propiedades y economías agrícolas”.
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