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La joven saxofonista, María Elena Ríos, atacada con ácido por el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal quien se encuentra detenido, reitera severos señalamientos en contra de la Fiscalía General del Estado a cuya personal acusa de realizar “pésima labor” en su caso.
La abogada penalista que la asesora, Diana Cristal González, explica que la justicia no se alcanza sólo con la aprehensión de los responsables, sino que implica que se deje de revictimizar a la joven con la dilación de los procesos y se reconozca que no sólo fue trastocada la vida de la saxafonista, sino todo su entorno.
La nueva abogada, quien participó en la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, afirma a EL UNIVERSAL que precisamente ese instrumento sirvió para exigir legalmente que se reconozca a la madre de Malena, su padre y su hermana, como víctimas indirectas del ataque de septiembre de 2019, así como su derecho y el de su familia a la reparación del daño.
Este último aspecto ha despertado alarma: el equipo legal de Malena se percató de que en una carpeta había una “actuación negligente y deficiente en actos de investigación, con respecto a la reparación del daño” por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), pues pretendía dejarla hasta el final.
“Erróneamente se piensa que para tener acceso a la reparación del daño las víctimas deben pelearla hasta la ejecución de la sentencia; sin embargo, durante el proceso se realizan gastos, tratamientos físicos y sicológicos, entre otros”, apunta la abogada.
Hasta hoy, María Elena, por ejemplo, no ha podido retomar su vida profesional, como tampoco lo ha hecho su familia, pues las intimidaciones continúan.
“Mi proceso ha sido desafortunado en lo legal, físico y sicológico. De parte de la fiscalía, el desempeño ha sido deficiente (…) Me han forzado a participar de mi propia revictimización”, confiesa María Elena.
Según el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscalía debe garantizar la reparación del daño “desde cualquier etapa del procedimiento” y para ello se deben hacer diligencias e investigación, pero en el expediente, asegura la abogada, no existían estas pruebas, hasta que ellas las solicitaron.
Debían recabarse, por ejemplo, datos sobre el contexto en el que sucedió el ataque, pues Malena ha sufrido violencia sexual, física, patrimonial y emocional.
Pese a ello, acusan, hasta ahora no se han aportado las pruebas suficientes para dicha carpeta, cuya ampliación de término vence el próximo 31 de enero; sin ellas, podría ser desestimada.
La última de las pruebas requeridas, y en la que hay mayores atrasos, es un informe médico, pues los daños que sufrió Malena por el ácido, hasta hoy, no se han evaluado en su totalidad, para realizar una proyección que permita la reparación del daño.
Por ello, la joven pide al fiscal General de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, que actúe ante la “pésima labor” de su personal.
