Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – Un Juez de distrito ordenó la liberación de los últimos cuatro implicados en el asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, de nacionalidades mexicana y finlandesa.
Los imputados Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino, obtuvieron su libertad por orden del juez de enjuiciamiento debido a que no se presentaron los testigos sobrevivientes ni las víctimas para señalarlos directamente dentro del procedimiento judicial.
De acuerdo con la causa penal, los imputados, miembros del grupo Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), estaban acusados del delito de homicidio calificado con ventaja, alevosía y premeditación en contra de los activistas; luego de que presuntamente participaran, el 27 de abril de 2010, en una emboscada armada en contra de una misión civil de paz en las inmediaciones del municipio de San Juan Copala.
En el expediente se establece que, en ese ataque fueron asesinados ambos activistas por impactos de arma de fuego, resultando heridas varias personas más del grupo de 20 que integraban la caravana, entre los que se encontraban otros defensores de derechos humanos y algunos periodistas.
Tras la emboscada, los sobrevivientes de la agresión fueron amenazados de muerte y hostigados por miembros de la UBISORT para que se abstuvieran de denunciar o en caso de hacerlo se atuvieran a las consecuencias.
Ante las acciones de intimidación los representantes jurídicos de las víctimas, así como los testigos, habrían solicitado medidas de seguridad y protección para los sobrevivientes, pero estas les fueron negadas por las autoridades tanto federales como locales bajo el pretexto de que “no hay un mecanismo de protección a testigos ni víctimas en México”.
Ante la liberación de los responsables del homicidio de Bety Cariño y Jyri Jaakkola, colectivos sociales anunciaron que las familias de las víctimas y su representación jurídica acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para inconformarse contra la determinación judicial dictada en el caso.